La fiscal federal Alejandra Mangano abrió una causa penal y pidió las declaraciones juradas del ex subsecretario de la Presidencia.
En ese sentido, la fiscal federal Alejandra Mangano abrió formalmente una investigación y le solicitó al juez Claudio Bonadio las primeras medidas de pruebas para iniciar la causa; entre ellas, que la Oficina Anticorrupción (OA) remita las declaraciones juradas de Gilligan.
El diario El País de España reveló que Díaz Gilligan tuvo entre 2012 y diciembre de 2014 una cuenta bancaria en Andorra –que en ese momento era un paraíso fiscal– a nombre de la sociedad Line Action, una empresa de Gran Bretaña dedicada a la representación de jugadores de fútbol.
La cuenta llegó a tener 1,2 millones de dólares y Díaz Gilligan fue accionista y representante de la empresa pero nunca lo declaró, a pesar de que durante ese período fue funcionario de la ciudad de Buenos Aires cuando Macri era jefe de Gobierno porteño.
La defensa pública de Díaz Gilligan fue que le hizo un favor a su amigo Francisco «Paco» Casal, representante uruguayo de jugadores de fútbol que no podía tener a su nombre la empresa porque tenía problemas legales con el fisco.
También sostuvo que no obtuvo ganancias con ella y que no la declaró porque había tomado la decisión de dejar la compañía, pero se demoró su instrumentación.
Mientras se debatía políticamente la continuidad de Díaz Gilligan en el Gobierno –primero lo ratificaron–, el diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade lo denunció penalmente para que se lo investigue por los presuntos delitos de lavado de dinero y omisión maliciosa en la presentación de declaración jurada de un funcionario público.
«No podemos soslayar que en su defensa el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra. Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios solo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave», sostuvo el diputado en la denuncia penal.
Díaz Gilligan renunció a su cargo, pero la denuncia penal continuó. La fiscal Mangano la convirtió en una causa penal.
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