1 de marzo, 2024

Impuestazo de Kicillof: busca recaudar $ 160.000 millones cobrando un anticipo extra de Ingresos Brutos a 254 empresas

Las empresas alcanzadas deberán pagar en promedio $ 640 millones. Fueron elegidas por sus altos volúmenes de facturación.
El anticipo vence el 8 de marzo y ya envió las notificaciones por correo electrónico

Axel Kicillof exigirá a 254 empresas el pago de casi 640 millones de pesos en concepto de anticipo del impuesto a los ingresos brutos. El gobernador busca paliar los efectos del severo recorte de transferencias que el gobierno de Javier Milei aplicó sobre las remesas de fondos nacionales que –hasta diciembre de 2023- percibía la Provincia casi en forma automática.

Automotrices, hipermercados, bancos, cerealeras, mineras y otras firmas de facturación millonaria están en la lista selecta que definió la agencia de recaudación para este adelanto del tributo que mayores recursos aporta a las arcas bonaerenses.

Se prevé que el monto a pagar por estos contribuyentes equivaldrá a cuatro veces el importe del anticipo de Ingresos Brutos correspondiente a octubre de 2023. Para quienes no hubiesen presentado declaración jurada o informado ingresos en ese mes, el adicional se calculará multiplicando por cuatro el importe del último anticipo no prescripto, incrementado en un 70%, se informó.

Buenos Aires pretende afrontar un período de restricciones que impulsa Milei, sin recortar gastos. O al menos eso promueve Kicillof, como parte de su política de diferenciación con el libertario. El último tijeretazo que aplicó la gestión libertaria podó 870 mil millones de pesosdel Fondo de Fortalecimiento Fiscal que hubieran ingresado al Tesoro bonaerense en 2024 si continuaba ese programa suspendido por el decreto 192/2024, hace menos de una semana.

“Se roba los recursos de las Provincias”, acusó el gobernador y se alineó con los mandatarios que avalaron la posición del chubutense Ignacio Torres, que terminó en la Justicia con un reclamo por la mutilación de 13.500 millones de pesos que debía recibir de Copraticipación.

El gobernador provincial apela a un recurso impositivo propio para reemplazar parte de los ingresos que deja de recibir de Nación. Asoma como un camino de recorrido corto: el pago extra de Ingresos Brutos es un adelanto que después no ingresará en los próximos meses. Pero necesita recursos frescos para afrontar un ejercicio que prevé de extrema sequía financiera.

La liquidación está prevista para el 8 de marzo y las autoridades esperan recaudar 152.560 millones de pesos. Alcanza a firmas radicadas en la Provincia o en otras jurisdicciones, pero con actividad en el territorio bonaerense que apliquen a estos requisitos: alto volumen de facturación anual y de concentración en la actividad que desarrollan.

El impuesto sobre los IIBB aporta el 80% de los fondos que recauda Arba todos los meses. Es un filón imprescindible para el presupuesto provincial y está atado a la actividad económica general. La caída que se registra todos los meses por efecto de la crisis resulta un alerta para los recolectores provinciales. En diciembre ingresaron a Arba 311 mil millones por ese concepto. Kicillof busca ahora juntar la mitad de ese monto con un anticipo a 254 empresas.

“Estamos ejerciendo una facultad conferida por la ley impositiva 2024, aprobada por la legislatura en diciembre del año pasado, que previendo que este podía ser un año de alta incertidumbre y financieramente complejo contempló la posibilidad de disponer un anticipo adicional sobre Ingresos Brutos”, explicó el responsable de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), Cristian Girard.

El argumento oficial sostiene que se definió “aplicarlo sobre un universo sumamente reducido”. En la Provincia están registrados dos millones de CUITs activos, por tanto “las empresas alcanzadas son apenas 1 de cada 10 mil”. La forma de establecer quién entra en la categoría y quién no está definida en la RN 11/2024 de Arba.

Las notificaciones a los alcanzados comenzaron a enviarse esta semana. “Usted se encuentra alcanzado por la obligación de abonar el anticipo adicional del impuesto…”. Llegó por correo electrónico. Ingrata sorpresa.

La decisión provocó reacciones previsibles. «La pelea de las provincias con la Nación afecta de rebote a toda la economía y con mucha fuerza a la industria bonaerense. La nueva disposición de Arba, sumada a los aumentos del impuesto inmobiliario en la Provincia de Buenos Aires le pega de lleno al sector», dijo a Clarín Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial bonaerense.

«Estas subas de impuestos provinciales o cobros repentinos, como vemos ahora, sumado a los aumentos de impuestos y tasas municipales son una combinación explosiva que termina afectando de lleno a la producción. Impacta directamente en la estructura de costos, en un contexto de caída de la demanda. Son medidas contraproducentes en momentos de crisis», se quejó el directivo.

Hay repercusiones más sonoras. El diputado nacional, José Luis Espert, pidió: “Rebelión fiscal ya!!” en una publicación por redes sociales.

Es que el gobierno bonaerense tiene autorizado un ajuste impositivo de hasta el 200% para el inmobiliario y las “patentes” (Automotores). Pero por aplicación de nuevas valuaciones fiscales y otras variables hay contribuyentes que recibieron la primera cuota del gravamen con montos hasta cuatro veces más altos que la última cuota de 2023.

La reglamentación del anticipo de IIBB prevé que “la existencia de saldos a favor será descontada del monto total a pagar y que el crédito generado por el anticipo podrá ser utilizado para la cancelación de anticipos vencidos o por vencer”. El canon se cobra por declaración jurada o por “retención” en la comercialización de productos. Por eso, algunas firmas pueden generar saldos a favor si la facturación de algún mes fluctúa o se reduce y los consumos se mantienen.

Arba pretende que no haya espacio para los rebeldes. Quienes incumplan con este pago serán incluidos «en la máxima categoría representativa de riesgo fiscal». Además, las deudas correspondientes al anticipo adicional, sus intereses, accesorios y multas no podrán ser regularizadas mediante los planes de pago previstos en la resolución normativa 36/23.

«La recuperación económica de nuestro país debe necesariamente surgir del desarrollo productivo con generación de empleo formal y los incrementos de la presión tributaria y/o de la carga financiera al sector productivo dificultan el cumplimiento de este objetivo», advirtieron desde la UIA.

La Gobernación encara varios frentes para encarar la embestida de Nación. Además de la presión tributaria, apeló a la Justicia. Instruyó al Fiscal de Estado, Hernán Gómez, para presentar una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la quita de los fondos especiales que recibió hasta el año pasado.