Gómez Centurión fue sobreseído por sus dichos sobre la dictadura

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Juan José Gómez Centurión por sus dichos acerca de la dictadura militar. El director de Aduana designado por Mauricio Macri, veterano de Malvinas y militar carapintada que apoyó el levantamiento de Semana Santa de 1987 contra el orden constitucional, había sido denunciado por apología del delito.

En el juzgado de Martínez De Giorgi se le sumaron varias denuncias: una realizada por un grupo de legisladores del Frente para la Victoria; otra por dirigentes de Nuevo Encuentro; y una tercera realizada por el abogado Eduardo Jones. En todos los casos se lo denunció porque en el programa «Debo decir», de Luis Novaresio, Gómez Centurión señaló: «Yo no creo que haya existido un plan para hacer desaparecer personas, fue un torpísimo golpe de Estado lidiando con un enemigo que no sabían cómo manejar y que había arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento».

El fiscal del caso, Ramiro González, había impulsado la investigación e imputado a Gómez Centurión -quien se encuentra internado por problemas de salud- y Martínez De Giorgi determinó -el 24 de abril pasado- su sobreseimiento. El fiscal no apeló, por lo que la decisión del juez quedó firme.

En su resolución, Martínez De Giorgi explicó: «El análisis de los hechos denunciados debe partir de la circunstancia de que Gómez Centurión utilizó el espacio televisivo que le dio la entrevista como un medio para opinar sobre un determinado tema. En dicho contexto las frases cuestionadas, se encuentran alcanzadas por la amplia protección del derecho constitucional a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, propias del régimen democrático y del estado de derecho».

El juez se remitió a fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y señaló que el Alto Tribunal «ha otorgado en varios precedentes un amplio alcance al derecho a la libre expresión de ideas y a la libertad de prensa, estableciendo que: ‘Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que poseen mayor entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan sólo una democracia desmedrada o puramente nominal… Está claro que la Constitución al legislar sobre libertad de prensa, protege fundamentalmente su propia esencia democrática contra toda posible desviación tiránica» (Fallos 248:291 y 315:1492)’. No desconoce este tribunal que el derecho a la libre expresión no es absoluto y que la Constitución Nacional no asegura la impunidad para quienes a través de los medios de prensa cometan delitos comunes o afecten derechos de terceros».

Martínez De Giorgi explicó que la Corte sostuvo que «ni en la Constitución de los Estados Unidos ni en la nuestra ha existido el propósito de asegurar la impunidad de la prensa. Si la publicación es de carácter perjudicial, y si con ella se difama o injuria a una persona, se hace apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata a las autoridades nacionales o provinciales, no pueden existir dudas acerca del derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones sin mengua de la libertad de prensa… Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso» (cita de Fallos 306:1892)».

Luego de referirse a lo determinado por la Corte Suprema de Justicia, el juez analizó lo dicho por el funcionario de Macri: «Adviértase que las frases que se le reprocha haber dicho a Gómez Centurión, tomándolas tanto de forma aislada como en su contexto, no podrían configurar objetivamente ninguna de las hipótesis delictivas que sugieren los denunciantes. En efecto, por un lado, no se observa que la frase mencione un hecho ilícito a cometer ni se identifique a persona o institución alguna a la que habría que dañar. Al mismo tiempo, también corresponde descartar un supuesto de apología de delito, pues tampoco hace defensa o reivindica «delitos» del pasado o a condenados por ellos».

Gómez Centurión fue sobreseído por el juez Martínez De Giorgi, quien en su juzgado tiene una causa parecida en la que fue denunciada -por hechos diferentes- la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Según fuentes judiciales, ese caso se encamina hacia una resolución similar a la que se tomó en el de Gómez Centurión.