El Gobierno y la CGT avanzan en un pacto para moderar la suba del salario mínimo

Después del paro general del 6 de abril, el Gobierno y la CGT hicieron las paces y avanzan codo a codo en un acuerdo para escenificar cierto control de la inflación. El trato, que ya se puso en marcha, incluye la firma de paritarias en torno del 20% en algunos sectores clave y extender la misma pauta salarial, tal vez apenas un poco más alta, a lo que será el Consejo del Salario, el ámbito tripartito en el que se establecerá en junio próximo la suba del salario mínimo vital y móvil, hoy en 8060 pesos.

Aceleró la reconciliación con la central obrera el comienzo de la temporada alta de paritarias y el cierre del trato de la federación de aceiteros, que rompió el molde con una suba de 31,6% en un solo pago. El Gobierno siguió de cerca esa negociación por el impacto que pueda tener en las discusiones salariales que aún están en curso, como la del sindicato de camioneros de Hugo Moyano, que advirtió a través de su hijo Pablo que debatirá entre un «30 y un 34%», o la de los metalúrgicos y el gremio de la Alimentación.

En tren de exhibir acuerdos salariales más moderados, el Ministerio de Trabajo recurrió a sindicatos aliados para fijar la pauta de referencia en torno de 20%. Ya lo consiguió con Comercio, la Uocra y los estatales de UPCN, aunque también lo pudo replicar con gremios cuyas conducciones son críticas del oficialismo, como es el caso de la federación del personal de estaciones de servicio, cuyo líder es el massista Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de mando de la CGT.

En todos los acuerdos se incluyó una cláusula gatillo en caso de que la inflación sea mayor al porcentaje sellado. En algunos, el eventual ajuste se haría de manera automática, como acordaron los bancarios, mientras que en otros se firmó un «compromiso» para volver a negociar, como lo hicieron los mercantiles. Otra novedad son los pagos extras por presentismo en el ámbito estatal. En Aysa, la empresa pública de aguas y cloacas, por ejemplo, a partir de este incentivo se redujo un 50% el ausentismo, según fuentes del sector.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, podría postergar el llamado al Consejo del Salario para fines del mes próximo, ya que él y una numerosa comitiva de dirigentes de la CGT (viajarían 20 personas) participarán en las dos primeras semanas de junio de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra.

Desde la CGT pretenden equiparar el valor del salario mínimo con el costo de una canasta básica de alimentos, cuyo valor, según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la propia central, es de $ 14.686. Es decir, la suba debería superar el 80%. Ratificaron esa intención José Luis Lingeri y otros tres sindicalistas de peso. También las dos CTA, que pretenden igualarlo con la canasta básica del Indec, que es de $ 14.090.

Sin embargo, detrás del anhelo de estos dirigentes ya hay una negociación en marcha con Triaca y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, para que el aumento del salario mínimo esté en línea con la media de las paritarias.Desde ambas orillas especulan con que el alza podría ser de 25%, para llevar el sueldo mínimo a $ 10.000. La cifra no habría sido todavía cotejada con las cámaras empresarias que participan de la negociación, reinstaurada de manera oficial en 2004.

La definición del nuevo piso salarial es importante porque sirve como referencia para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. También es una pauta para las administraciones provinciales y municipales.

Las últimas mediciones de inflación del Indec confirmaron que la suba de los precios no se detuvo y que las metas inflacionarias que trazó el Banco Central (de entre 12 y 17%) difícilmente se cumplan. Convalidar la suba del salario mínimo entre 20 y 25% será una manera de echar por tierra el objetivo que trazó Federico Sturzenegger. Hasta la vicepresidenta Gabriela Michetti reconoció que la inflación será mayor.

En paralelo con las negociaciones salariales y como parte del período de tregua, el Gobierno y la CGT avanzan en otras dos iniciativas a corto plazo. La primera tiene que ver con la instrumentación del plan empalme para reconvertir los planes sociales en empleo formal.

El segundo proyecto es la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud, cuya misión sería reducir la litigiosidad en lo relativo a la cobertura de medicamentos y tratamientos por parte de las obras sociales. Sería una suerte de blindaje de eventuales reclamos judiciales para las prestadoras médicas de los sindicatos.

La CGT modificó algunos detalles del proyecto oficial que acercaron Triaca y Quintana, pero la iniciativa podría cristalizarse en los próximos días en un decreto presidencial, según explicó Lingeri, el dirigente que negocia todos los cambios vinculados con las obras sociales.