Bernardo Saravia Frías se presentó en tres juzgados para solicitar copias de los expedientes y así poder demandar a la empresa y exigir una multa
El acceso a los expedientes judiciales le permitirá al procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, tener pruebas oficiales de los ilícitos para motorizar una demanda en el fuero civil. El objetivo de este funcionario -que oficia de abogado del Estado- es exigirle a la gigante brasileña el pago de un resarcimiento económico, sin recibir una contrademanda de la empresa.
La presentación del procurador se basa en el artículo 131 del Código Procesal Penal, que faculta a la «autoridad pública» a obtener informes siempre y cuando se acredite legítimo interés en el expediente. «La Procuración se encuentra abocada a la determinación de los daños y perjuicios que pudiera haber sufrido el Estado nacional, derivado de las irregularidades e ilegalidades investigadas», agrega el escrito.
Saravia Frías dejó escritos en los juzgados de Sebastián Casanello, Daniel Rafecas y Marcelo Martínez De Giorgi. Esos magistrados investigan, respectivamente, las obras de AySA, del soterramiento del tren Sarmiento y de los gasoductos donde fue contratada Odebrecht.
«Tenga a bien autorizar a esta Procuración a tomar vista de las actuaciones y extraer las fotocopias que pudieran resultar de utilidad, para contar con todos los elementos para poder reclamar adecuadamente por los perjuicios sufridos por el Estado», señaló el funcionario en su escrito.
Para franquear la barrera de los expedientes, Saravia Frías se respaldó en el artículo 131 del Código Procesal Penal, que indica que «el tribunal ordenará la expedición de copias, siempre que fueren solicitadas por una autoridad pública o por particulares que acrediten legítimo interés en obtenerlas». Los jueces deberán resolver si abren, o no, sus expedientes.
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