El encargado de hacerlo fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional «busca cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa».
Peña dijo que el contenido del decreto está en línea «con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso» en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
En la misma línea se expresó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a «cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza» al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial, fija «un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran».
Sin embargo, la oposición no está de acuerdo con la decisión del Ejecutivo. el senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, afirmó en diálogo con Radio 10 que «es increíble y absolutamente inconstitucional» la utilización del DNU para modificar el régimen de ART para un proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso.
«No hace falta un planteo en la Justicia porque el próximo jueves vamos a reunir a la bicameral. Es obvio y evidente que este DNU no tiene las condiciones necesarias para ser aprobado», disparó.
En tanto, el diputado Marcos Cleri consideró que «no hay necesidad y urgencia en este caso de las (modificaciones al régimen de) ART», a la vez que evaluó que desde el oficialismo «lo podían haber llevado al Congreso en (sesiones) extraordinarias».
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), también cuestionó el decreto. Así lo hizo saber Héctor Daer, uno de los secretarios generales que conduce el triunvirato de la central obrera, quien señaló que la medida publicada en el Boletín Oficial «no es el mecanismo adecuando».
En declaraciones a Radio 10, Daer dijo que «lo ideal era que el proyecto siguiera el curso parlamentario».
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