La resolución publicada en el Boletín Oficial se transformó en el primer ajuste calculado con la nueva ley de movilidad que se votó el año pasado.
La resolución 2-e/2018 se transformó en la primera en implementar la nueva fórmula de movilidad que se discutió a fines de 2017 y generó graves incidentes en el Congreso de la Nación.
La fórmula es una suma que contempla el 70% de la variación trimestral registrada por el índice de precios del Indec (inflación) y el 30% de la evolución que en igual período registró otro índice llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Para determinar el porcentaje de 5,71% se tomaron las varaciones de precios y salarios correspondientes al tercer trimestre de 2017. La nueva ley establece otras tres actualizaciones anuales de los haberes para junio (se ponderan datos de octubre a diciembre del año pasado), septiembre (con datos del primer trimestre de 2018) y diciembre (según variables del segundo trimestre de 2018).
La fórmula que regía hasta el año pasado contemplaba dos ajustes anuales en cuya composición tenía un rol preponderante la recaudación fiscal.
La movilidad no sólo afecta jubilaciones y pensiones. También repercute en la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), en la Asignación Universal por Hijo (AUH), a los pagos por hijo a asalariados y a monotributistas, a las pensiones no contributivas y a los pagos mensuales que reciben ex combatientes de Malvinas.
La norma incluyó además una garantía para las personas que tienen 30 años de aportes o más, quienes no podrán cobrar menos que un monto al 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Esta cláusula se ejecutó a principios de año junto a un bono especial que permitió destrabar las negociaciones el año pasado para que parte de la oposición acompañara la ley impulsada por el Poder Ejecutivo.
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