El Presidente igualó por decreto la representación de todos los sindicatos que participan en la discusión nacional y reglamentó el piso salarial.
Con la nueva norma, publicada este miércoles, la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) dejará de tener mayoría automática en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación y contará, al igual que los otros cuatro gremios que participan del debate, con un solo representante.
Hasta el momento, por un acuerdo alcanzado durante el kirchnerismo, CTERA tenía 5 representantes en la paritaria nacional, por lo cual las voces de los gremios minoritarios -con solo un voto- se diluían en la negociación.
Hoy el 60% de los docentes del país está afiliado a algún gremio. Se estima que CTERA -el de mayor representatividad, perteneciente a la CTA de Hugo Yasky- cuenta con el 20 por ciento. Los otros cuatro sindicatos nacionales -AMET, SADOP, UDA y CEA, todos bajo la órbita de la CGT- se reparten el 40% restante de la cobertura.
El nuevo esquema será similar al que se emplea en el ámbito universitario: allí se negocia con los gremios docentes y no docentes sin representaciones mayoritarias más allá de la cantidad de afiliados.
El decreto modifica el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo que rige desde 2006: «El Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente», dice el artículo.
El conflicto docente que signó 2017 comenzó a partir del rechazo de Esteban Bullrich, entonces ministro de educación, de atender una paritaria salarial a nivel nacional. Los gremios decían que «el convenio marco» que especifica el artículo 10 implicaba, en realidad, una paritaria que debía establecer el piso de ingresos para cada provincia. Ahora, el decreto remarca que el salario ya está acordado desde 2016.
«El salario mínimo docente en todo el país no podrá ser inferior a un 20% por encima del mínimo vital y móvil», pactaron los gremios y el ejecutivo en ese momento.
A partir de ese piso, cada jurisdicción negocia con sus sindicatos locales. «El piso lo que busca es terminar con las desigualdades en las provincias, pero ya no se discutirán salarios a nivel nacional. Si se mueve el salario mínimo a mitad de año, también se correrá el piso docente», explicó la misma fuente.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil fijó en junio pasado el piso salarial en $9.500 a partir de enero. Por ende, el mínimo a partir del que negociar en las jurisdicciones es de $11.400. En tanto, en julio cuando aumente a $10.000 el SMVM tal como está previsto, pasará a ser $12.000 la base.
La próxima mesa, que se convocará para febrero, girará en torno a condiciones laborales, cantidad de días de clases y receso, formación docente y derechos previsionales, aunque resta saber si los gremios aceptarán la invitación sin el debate salarial de por medio. «Entender el convenio marco como una paritaria salarial llevó al fracaso a esta mesa de diálogo», remarcaron.
La firma del decreto, prevén, traerá «conflictividad en todos los sindicatos» por la iniciativa de omitir el salario de la discusión. De parte de CTERA, esperan alguna medida de fuerza para rechazar la quita de la mayoría automática, pero en ese punto creen que encontrarán el respaldo de los otros cuatro gremios que tendrán más voz en las próximas mesas de negociación.
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