El Decreto de Necesidad y Urgencia fue publicado en el Boletín Oficial; contiene 170 medidas que afectarán el funcionamiento de ocho ministerios.
Según el Ministerio de Producción, esta reforma permitirá reducir el 1% del PBI en los próximos dos años, lo que implica al menos $100.000 millones.
El decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, dispone medidas que afectan a ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Y a dos organismos descentralizados: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Anses, y el Banco Central.
Durante seis meses los ministerios revisaron qué regulaciones habían quedado desactualizadas, qué normas era necesario modificar, ya que, por un exceso de control, obstaculizaban y frenaban procesos internos o la competitividad de la economía. Y por último, cuáles eran los procesos de autorización excesivamente complejos. Así, surgió un total de 140 modificaciones en leyes o decretos y se derogaron otras 19 leyes o decretos.
«Esto baja los costos improductivos de la economía», describió el ministro de Producción, Francisco Cabrera, que ayer, junto al secretario legal y técnico, Pablo Clusellas; el jefe de Gabinete del Ministerio de Transporte, Pedro Sorop, y el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauspe, adelantó el contenido del DNU.
«Con esta medida buscamos reducir la cantidad de trámites que deben hacer las empresas para poder operar en el país, buscando ser más eficientes y con el consecuente ahorro de tiempo», explicó Cabrera, que también admitió que el DNU es parte de las condiciones de la OCDE para aceptar a la Argentina en la organización.
Algunas normas que dejaron de existir tenían más de 100 años. Por ejemplo, la ley 2268, que es del año 1888, de control y policía sanitaria de enfermedades contagiosas exóticas de los animales, o la ley 2793, de 1891, para combatir la langosta.
«No queremos que la gente sea el cadete del Estado haciendo trámites innecesarios. Esto busca eliminar la burocracia y agilizar los trámites que una persona debe realizar en el Estado», resaltó Clusellas.
En el DNU, que lleva la firma del Presidente y de la mayoría de los ministros -solo hubo dos ausentes-, se destacan varios puntos. Por ejemplo, se eliminó el Registro Industrial de la Nación, creado en 1972 con el objetivo de tener una radiografía del sector industrial y mejorar el diseño de las políticas públicas. En la actualidad solo tenía registradas 1700 empresas en un universo de cerca de 110.000 en todo el país y la inscripción duraba ocho meses y exigía presentar información que el Estado ya tenía en otros organismos.
También desaparecieron dos medidas que requerían la firma de un decreto presidencial: ahora, si una empresa automotriz decide invertir en una planta, ya no requiere del visto bueno del titular del Poder Ejecutivo de turno. Así estaba definido por la ley 21.932, que tenía 39 años. Además, ya no será necesario tener que esperar que el presidente de turno estampe su firma en un decreto para habilitar un nuevo puerto. Este requisito hizo, incluso, que la gran mayoría de los puertos públicos, construidos y licitados por el Estado, no se encuentren habilitados. De los 31 puertos públicos existentes, solo se habilitaron siete.
Otra particularidad es que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de las Anses, podrá crear de manera directa fideicomisos y operar con instrumentos «apropiados para invertir sus activos de acuerdo con las mejores prácticas financieras modernas».
El Senasa fue uno de los organismos con más modificaciones: en total son más de 50 normas que se actualizan o derogan. Además, la nueva norma autoriza a exportar hasta 15 obras de arte, algo hasta ahora prohibido.
Por último, también se anunció la habilitación de los bitrenes, camiones con doble acoplado, que permite «reducir los costos en más del 20%», dijo Sorop.
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