«Por ahora no se va a avanzar en el pedido de que se sumen a la investigación, ni se conformará un grupo de trabajo», confió una fuente oficial a ámbito. Se trata de un pedido que hizo la familia del artesano desaparecido desde el 1 de agosto. Para el Gobierno la investigación «se está encauzando» por lo que no haría falta sumar más participantes en las pericias.
De la reunión que se desarrolló en Casa Rosada, participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj quienes recibieron a Amerigo Incalcaterra de la Acnudh.
Sin embargo, desde el gobierno se ocuparon de aclarar que «de todas formas, se va a seguir trabajando con este y todos los organismos internacionales, y seguiremos manteniendo un dialogo fluido con ellos», precisaron en La Rosada al tiempo que agregaron que «el ministro Garavano ya le comunicó a la familia Maldonado esta decisión».
Incalcaterra, quien reside en Chile, viajó a Buenos Aires para reunirse con los representantes del Gobierno y avanzar en tratativas en pos de la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado.
La conformación de este grupo de trabajo independiente había sido resuelto como respuesta al pedido de la familia Maldonado en el marco de la reunión que sus abogados mantuvieron con las autoridades el 29 de agosto pasado.
Luego de ese encuentro, el Gobierno comenzó gestiones ante el organismo de las Naciones Unidas encargado de las temáticas referidas a Derechos Humanos.
El delegado de la ONU ya había mantenido reuniones con el ministro Garavano y con el secretario Avruj, quienes recibieron de parte de la familia Maldonado el pedido de que el Estado «garantice una investigación independiente» con la cooperación y asistencia técnica del organismo regional de la ONU y la participación de expertos independientes.
El martes pasado, a través de un comunicado de prensa, la oficina de la Acnudh había expresado su preocupación por la «falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo» y pidió a las autoridades «realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas».
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