El Gobierno de Mauricio Macri decidió desactivar la iniciativa surgida dentro del bloque de diputados de Pro para dar a los arrepentidos de delitos de corrupción una inmunidad total, algo que habría permitido que Brasil libere las delaciones premiadas de 78 exejecutivos de Odebrecht para la justicia argentina.
«No es prioridad», fue la respuesta de una fuente oficial. Se desactiva así la idea lanzada el martes por el diputado nacional Daniel Lipovetzky, que pretendía llegar a ese resultado a través de dos mecanismos posibles: su introducción en la ley de Responsabilidad Penal Empresaria que tramita la cámara baja o a través de una reforma de la llamada «ley del arrepentido».
Un grupo de diputados oficialistas se reunió el mismo martes a la tarde con especialistas legales del Ministerio de Justicia y de la Oficina Anticorrupción. Los enviados de Germán Garavano y Laura Alonso transmitieron a los legisladores la inconveniencia de establecer un beneficio para personas físicas en una norma destinada a personas jurídicas.
En tanto, la posibilidad de reformar la «ley del arrepentido» para que los beneficios a los delatores puedan llegar a la inmunidad quedó desactivada por decisión de la Casa Rosada.
Si se conocieran los dichos de los delatores de Odebrecht y se investigaran sus verdaderos alcances en el país, individuos de varios sectores políticos, desde el kirchnerismo hasta el macrismo, podrían verse seriamente involucrados. Unos por su rol como funcionarios cuando la constructora brasileña pagó aquí sobornos por 35 millones de dólares: otros, por su condición de empresarios y socios de esa firma en diversas concesiones.
Entre otros motivos para no impulsar mayores beneficios a los arrepentidos, en el Gobierno alegan que sería imposible encontrar apoyo suficiente en el Congreso. Un argumento llamativo: el intento ni siquiera se inició, ya que las discusiones nunca salieron de las fronteras del bloque de Pro.
Además, señalan en la Casa Rosada el temor a sufrir una derrota legislativa en un año electoral. Otro argumento curioso: ¿que podría resultarle más que conveniente en esta coyuntura que mostrarse dispuesto a esclarecer el escándalo Odebrecht y poder señalar a los sectores políticos que se resisten a hacerlo?
Por otro lado, las fuentes admiten que la «ley del arrepentido» actual aún debe ser reglamentada, un trámite que, obviamente, depende del Gobierno.
«Es importante modificar la ‘ley del arrepentido’ para permitir que puedan declarar en las mismas condiciones que lo hacen en Brasil los funcionarios de Odebrecht. Estamos trabajando para ver si podemos encontrar una propuesta de este tipo», había dicho el martes Lipovetzky en declaraciones radiales. «Lo estamos analizando (…) porque estamos innovando en materia de legislación penal en la Argentina», añadió.
Según la ley argentina, los delatores solo pueden ser beneficiados con reducciones de hasta un tercio de las condenas. Esa falta de convergencia con lo que establece la legislación brasileña hace que la carrera entablada entre la Procuración General y el Ministerio de Justicia para acceder a las confesiones no lleve, por ahora, a ninguna parte.
Ante eso, Garavano viajó a Estados Unidos con la intención de que ese país comparta la información disponible, que también es abundante, se supone. En su cartera hablaron de un compromiso del fiscal general de Donald Trump, Jeff Sessions, pero informes de prensa provenientes de ese país dan cuenta de la posibilidad de que este renuncie por desaveniencias con el Presidente.
