En la Oficina Anticorrupción dijeron que lo serán más adelante y esta semana la UIF pidió copias
Fuentes judiciales informaron que ni la Unidad de Información Financiera (UIF) ni la Oficina Anticorrupción (OA) -los organismos que más participación tienen en las causas de corrupción– pidieron ser querellantes en alguna de las cuatro causas abiertas por Odebrecht.
La UIF, a cargo de Mariano Federici, se presentó esta semana en los expedientes pidiendo copia. Y en la OA, cuya titular es Laura Alonso, señalaron que tienen investigaciones preliminares propias y que «tarde o temprano» pedirán ser querellantes en las causas.
En la Argentina se tramitan cuatro causas por la corrupción de Odebrecht. Una por el pago de coimas al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y que está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi; otra por irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras que lleva el magistrado Sebastián Casanello; y también por la construcción de dos gasoductos que recientemente pasó al juez Daniel Rafecas.
La cuarta causa no está relacionada con Odebrecht pero sí se enmarca en el «Lava Jato«, el escándalo de corrupción que involucra a empresarios y políticos de Brasil, que lleva el juez Sebastián Ramos por el pago de coimas a funcionarios para direccionar la venta de una empresa de Petrobras.
En ninguno de esos expedientes -la mayoría abiertos desde el año pasado– el Gobierno pidió ser querellante a través de alguno de sus organismos. El querellante es un acusador privado -el público es el fiscal– que se convierte en una parte más de la causa y puede pedir medidas de prueba, citaciones y controlar el avance o no de las actuaciones.
Con la llegada del macrismo, tanto la OA como la UIF -el organismo de lucha y prevención contra el lavado de dinero– tienen un rol activo en varias causas. La OA es querellante en expedientes como «Hotesur» donde se investiga a la ex presidente Cristina Kirchner, en las causas por enriquecimiento ilícito contra los detenidos José López, ex secretario de Obras Públicas, y César Milani, ex jefe del Ejército, en «Ciccone» donde esta semana el ex vicepresidente Amado Boudou fue enviado a juicio oral y en otros expedientes contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Por su parte, la UIF interviene en la causa contra el empresario detenido Lázaro Báez por lavado de dinero y en varios expedientes de narcotráfico.
Pero hasta ahora ninguno de los organismos pidió tener ese rol en las causas en las que se investiga a Odebrecht. Tampoco se presentaron en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, que trabaja en la coordinación de las causas del «Lava Jato».
Desde la OA dijeron que se presentaron en las causas y que tienen copia de los expedientes. Desde los juzgados señalaron que el organismo no se presentó y que solo lo hicieron esta semana abogados de la UIF para tomar vista de las causas y hacer copia.
En la OA señalaron que contra Odebrecht tienen investigaciones preliminares y que desde enero están en un proceso de intercambio de información de cooperación administrativa con Estados Unidos y Brasil, países donde la empresa reconoció que pagó coimas.
«Tenemos un litigio estratégico en el que apelamos al efecto sorpresa para elegir el momento de entrar a una causa. Tarde o temprano vamos a pedir ser querellante», dijeron desde el organismo que conduce Alonso y recordaron que son parte de la causa «Siemens» y «Thales Spectrum», en la que también se investigan pagos de coimas a funcionarios.
Odebrecht reconoció en diciembre del año pasado en los Estados Unidos que entre 2007 y 2014 le pagó a funcionarios argentinos 35 millones de dólares en coimas. Uno de los arrepentidos -Leonardo Meirelles- declaró este mes que le hizo 10 transferencias por 850 mil dólares en concepto de coimas al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.
A comienzos de esta semana, el Gobierno comenzó a tener un rol más activo en la situación de Odebrecht y criticó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la falta de avances en las causas.
Garavano se reunió días atrás con los abogados de Odebrecht para avanzar en un acuerdo en el cual los directivos de la empresa den los nombres de los ex funcionarios que cobraron las coimas y de los empresarios argentinos que participaron de su pago. Pero la empresa quiere una inmunidad casi total -no quieren causas penales en su contra, ni embargos, ni que se revean los contratos vigentes– que la actual legislación no permite.
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