Dos días antes del paro nacional que convocó la CGT, la mesa de diálogo que se conformó entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos de ambos sectores firmó un compromiso con cuatro ejes centrales: estimular el consumo con planes de cuotas sin interés, un «Repro Exprés», elevar reintegros a la exportación y un proyecto de «ley de formalización laboral» para bajar entre un 20% y 30% las cargas laborales.
«Quiero dejar claro que no hay sectores inviables. Lo que falta es trabajo, lo que sobran son prejuicios», aseguró el ministro de Producción, Francisco Cabrera, durante la firma del acuerdo en el Palacio de Hacienda.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el de Trabajo, Jorge Triaca, terminaron de conformar la mesa de funcionarios que estuvieron en las negociaciones junto a los secretarios Lucio Castro (Transformación Productiva) y Martín Etchegoyen (Producción). Del sector privado, firmaron cámaras como la Fundación Protejer, las cámaras textiles de Luján y LaPlata y el sindicato de empleados textiles de la industria y afines (SETIA), entre otros.
En total, el sector emplea a 400.000 personas (unas 150.000 hoy están en negro), y es por eso que más allá de una decisión sectorial, este acuerdo «de contención» como lo denominan en el Gobierno es una decisión política clave de cara a las elecciones: las pymes de la industria textil tienen una fuerte presencia en la provincia de Buenos Aires.
El estímulo al consumo se dará por el Ahora 3 y el Ahora 6 sin interés que se puso en marcha la semana pasada. Según los cálculos oficiales, generarán $6.000 millones de ventas mensuales durante este año.
El «Repro Exprés» se activa desde el Ministerio de Trabajo para estos dos sectores de la economía con una «ventanilla especial» para otorgar el beneficio. Esta línea presupuestaria con fondos públicos permitirá pagar la mitad de los sueldos de los trabajadores cesanteados «por al menos los próximos seis meses», o sea, hasta octubre.
Pero es el proyecto de ley de formalización laboral el que apunta a realizar cambios concretos en el largo plazo, para abaratar el costo laboral (no salarial) que paga una empresa con cada empleado. Según aseguraron fuentes del sector en declaraciones a Infobae, se plantea una baja de entre un 20% y 30%, antes de que la discusión entre en el terreno del Congreso nacional. El aporte del ministerio de Dujovne fue clave para acercar a los empresarios a la mesa, en el marco de la reforma tributaria de 2018.
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