La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, admitió ante la Justicia que hubo «un negocio oculto» en la compra de un edificio del Ministerio Público mediante el pago de una «comisión indebida».
Está acusada de ser parte de una supuesta maniobra para favorecer a los agentes inmobiliarios que vendieron el inmueble de la calle Perón 667 por $ 43 millones, donde actualmente funciona la oficina de la funcionaria.
Gils Carbó pasó más de tres horas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, donde contó su versión del procedimiento a través del cual se adquirió el edificio.
En ese sentido, la funcionaria aseguró que el proceso empezó antes de que ella asumiera el cargo, en agosto de 2012.
“Cuando asumo, ya me habían informado la existencia de esa partida de $30.000.000 y también me habían informado que debía utilizarla antes de fin de año porque si no caducaba la asignación presupuestaria», sostuvo.
La empresa Arfinsa –del Grupo Bemberg– le pagó una comisión de $7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento, y ésta a su vez pagó $3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hicieron los magistrados, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi «defraudó» su confianza.
Según explicó, «las presuntas irregularidades penales» son de Thill y Bellingi, y que el primero de ellos cobró una «comisión indebida».
A tal punto se despegó de Belligni, que Gils Carbó dijo que no tenía una relación de confianza con él ni formó parte del Gabinete de la Procuradora.
Por otra parte, explicó que la licitación fue revisada por diez áreas técnicas internas del organismo y dos externos.
