Las nuevas tarifas de gas estarán vigentes a partir de hoy y recién cuando se publiquen las resoluciones del Enargas se sabrán los porcentajes efectivos de aumento para cada categoría de usuario. El organismo regulador debe resolver en esas normas el precio del gas para el semestre octubre-marzo y el tipo de cambio a considerar, debido a la falta de acuerdo entre las petroleras y el Gobierno sobre esos puntos.
La Secretaría de Energía de Javier Iguacel impulsó en un primer momento una propuesta de la ex Enarsa para ubicar el precio del gas a u$s4,10, por debajo del valor de u$s4,68 vigente hasta ahora, a un dólar de alrededor de $31. Pero las productoras incluyendo a YPF rechazaron esa postura, y aunque aceptaron una rebaja en el precio, plantearon que se tome el tipo de cambio futuro o por lo menos el vigente. Por otra parte, con esa propuesta de la misma ex Enarsa vería incrementar su necesidad de subsidio debido a que compra el gas a Bolivia a u$s6,4 aproximadamente, al valor del dólar del momento del pago.
Por eso, luego de haber anunciado un alza en torno al 30%, Iguacel el viernes rectificó esa afirmación, y habló de un alza promedio del 35%, con aumentos mayores para las categorías de hogares que menos consumen.
Por otra parte, por una resolución de Energía del jueves pasado se habilitó al Enargas a autorizar aumentos de más del 500% en comparación con igual período del año anterior a pymes industriales y comerciales de las categorías P1 y P2. Esa suba se limitaría al 50% sólo para los establecimientos inscriptos en el registro MIPyme.
Con un alza mayor a la prometida para casas de familia y con un aumento exorbitante para las pymes más chicas, es posible que los cuadros tarifarios terminen mostrando un precio del gas a u$s4,10 por millón de btu a un tipo de cambio en torno a $39.
Por lo pronto, el Enargas limitó desde el 30,44% al 19,67% el ajuste para la parte la factura que corresponde a los ingresos de transporte y distribución que se aplica también ahora. Para las empresas de esos segmentos, el ajuste debía ser de más del 30% por la evolución de los precios mayoristas (IPIM) en el período febrero-agosto de este año.
Pero el organismo decidió cambiar la fórmula de ajuste pactada en la llamada revisión tarifaria integral durante la gestión de Juan José Aranguren. Para esta oportunidad se tomó el promedio simple entre el IPIM del semestre, el índice de la construcción para el mismo período, y el índice de variación salarial de diciembre a junio.
