Aunque el gobierno de Javier Milei celebró que el desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre, en Casa Rosada buscan soslayar que el empleo creció casi exclusivamente en el segmento del trabajo informal.
Las partes no se pusieron de acuerdo en la ejecución del presupuesto y las organizaciones prometieron que van a implementar un duro plan de lucha
La reunión fue tensa y por momentos en muy malos términos. Mientras que el ministerio de Desarrollo Social dijo que se ejecutó gran parte del presupuesto de 10.000 millones de pesos para la emergencia alimentaria, los referentes de Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la Corriente Clasista Combativa dijeron que esa ejecución no alcanzó para asistir a más de 100.000 trabajadores que están sin cobertura alimentaria y sin trabajo.
«Surgieron muchas diferencias por la ejecución del presupuesto y seguiremos hablando porque apostamos al diálogo y al trabajo con las organizaciones sociales», dijo un funcionario del Gobierno.
Por el contrario, desde el movimiento Barrios de Pie, Daniel Menéndez destacó que el próximo miércoles irán a los principales hipermercados del país para reclamar alimentos y adelantó la implementación de un plan de lucha en 15 días que contempla cortes de ruta.
«El Gobierno no quiere cumplir la ley de Emergencia Social. No vamos a permitir que el ajuste recaiga principalmente sobre los pobres. El Gobierno solo ejecutó el 30% del presupuesto estipulado por la ley de Emergencia Social. No ven la realidad y poco les importa los problemas de los que menos tienen», afirmó el coordinador nacional de Barrios de Pie. Aducen que se ejecutó solo un 30% del presupuesto global de la emergencia alimentaria cuando el Gobierno sostiene que fue mucho más que eso.
En este contexto, Barrios de Pie solicitará donaciones de alimentos a hipermercados el próximo miércoles. «Ante la negativa del Gobierno de implementar la ley, primero pediremos donaciones a hipermercados; la siguiente semana vamos a cortar las principales rutas del país con permanencia para seguir reclamando fuertemente la plena implementación de la Emergencia Social y la sanción de la Emergencia Alimentaria, en un país donde seis millones de personas padecen hambre», concluyó Menéndez.
Por su parte, el Gobierno intentará acercar alguna posición de consenso pero entienden que las posiciones están muy duras en los movimientos sociales y entreven una jugada de campaña política en el tema.
Desde Desarrollo Social dijeron que se implementaron muchos programas al plan de emergencia alimentario, pero las organizaciones sociales insistieron en que hay unos 100.000 trabajadores que todavía aguardan ser incorporados a la emergencia alimentaria. Ante la tesitura de ambos sectores, se levantó la reunión y ahora se espera un duro plan de lucha de los movimientos sociales.
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