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1 de marzo, 2017
Los nuevos y más rígidos controles se enmarcan en el plan para «jerarquizar el empleo público» que lanzó el año pasado el Ministerio de Modernización que comanda Andrés Ibarra, quien apuesta a una «transformación total» en el sector público para el 2019.
Según admitió el propio Ibarra en diálogo con Radio Mitre, los gremios estatales no se oponen a esta especie de vigilancia de la asistencia y el cumplimiento horario. «Los gremios están a favor del ordenamiento. Esperemos que la agenda de este año sea positiva, aunque no descartamos algún conflicto», agregó el funcionario.
Desde UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación), el gremio de mejor diálogo con el Gobierno, su titular, Andrés Rodríguez señaló al diario La Nación: «Si sólo cambian el mecanismo técnico, no vemos ningún inconveniente. Pero las sanciones por ausencias injustificadas son las estipuladas en el régimen jurídico de la administración pública».
Por motivos inciertos, algunos organismos no aplican sanciones a los empleados que llegan tarde o se ausentan sin justificación. Por eso, el plan es instalar –en etapas– el sistema biométrico en el total de las oficinas estatales para que el control sea el mismo en todos los casos y pueda estar estandarizado.
En la actualidad hay unos 220.000 empleados públicos –sin contar las fuerzas de seguridad–, unos 70.000 pasan por algún tipo de sistema electrónico. Sólo en los ministerios de Agroindustria, Educación, Justicia, Seguridad, Jefatura de Gabinete y Presidencia, además de Modernización, hay controles biométricos que detecta la identidad de la persona por su huella digital. En el resto, todavía el registro se hace con birome y en papel.
Ibarra calificó de «malísimo y muy heterogenio» el nivel de asistencia y explicó que «en muchos casos se controla poco y en otros nada».
«Lo primero que vamos a hacer es homogeneizar a la Administración Pública Nacional, tanto a la gestión central como a los organismos desconcentrados, para estandarizar sus sistemas de ingreso», manifestaron fuentes oficiales.
«El objetivo es detectar y analizar los niveles de cumplimiento de la jornada para que el Estado pueda brindar respuestas administrando de manera efectiva los recursos», agregaron según informa el matutino.
La meta de este año será que el 50% de los ministerios pasen al sistema biométrico.
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