El Presidente hablará el 1° de marzo adentro del recinto en medio de un clima de enfrentamiento con los legisladores y gobernadores
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Claudio Bonadio, en el marco de la causa que investiga los cuadernos de las coimas.
Cabe consignar que las viviendas están ubicadas en Río Gallegos, El Calafate y la ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a la Ley de Fueros (25.320), la Cámara alta debe votar si autoriza al juez a realizar los procedimientos, una decisión que divide al Bloque Justicialista que encabeza Miguel Pichetto.
Es que varios senadores de esa bancada no quieren dar el visto bueno, pero Pichetto lo avala porque entiende que se trata de «una medida de prueba».
A raíz de esto, el senador, que se opone a un eventual desafuero sin que haya una condena sobre la ex mandataria, dio «libertad de acción» en el bloque: «Ratifico la posición que públicamente he planteado en el sentido de que el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación», expresó Pichetto en un comunicado.
Uno de los senadores justicialistas que mostró sus reservas frente a la requisitoria de Bonadio fue el formoseño José Mayans, que sostuvo que el pedido de allanamiento «tiende a dar un golpe mediático» y «un poquito también a humillar» a la senadora.
Por su parte, Cambiemos votará de manera unánime a favor (fue quien buscó el dictamen para discutirlo) y el Frente para la Victoria, que criticó arduamente la decisión de Bonadio, irá en contra para defender a su jefa política.
La semana pasada, luego del dictamen, el debate se postergó porque, a pedido del FpV, los fundamentos de la medida solicitada por Bonadio llegaron al Senado minutos antes de la sesión pautada y con información que se encuentra bajo secreto de sumario.
Hoy también la Cámara alta tratará el proyecto de extinción de dominio, una figura jurídica que permite al Estado recuperar los bienes obtenidos y usados por el delito, incluido el de corrupción, por lo que este concepto sobrevolará toda la jornada de debate.
Para esta iniciativa, hubo extensas negociaciones entre el PJ y Cambiemos para lograr un acuerdo, pero naufragaron y el final es incierto, aunque con más posibilidades de no prosperar. Sucede que la norma que obtuvo dictamen de mayoría, impulsada por Rodolfo Urtubey, no será acompañada por el oficialismo.
En caso de rechazarse el del PJ, se pasará a discutir el de Cambiemos, que inscribe a la extinción de dominio dentro de la Justicia Civil e invierte la carga de la prueba.
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