El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva y ordenó la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. También procesó, aunque sin prisión preventiva, al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. Los tres fueron embargados por más de 17 millones de pesos cada uno.
Poco después de emitida la orden del juez, pasadas las 16, arrestaron a De Sousa en su departamento de Puerto Madero, que fue alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad buscaban a Cristóbal López.
Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia.
La causa se inició en marzo de 2016 a partir de una publicación del periodista Hugo Alconada Mon, que la diputada nacional, Elisa Carrió, presentó en una denuncia ante la Justicia. El artículo señalaba que Cristóbal López, a través de la firma Oil Combustibles SA (una de las empresas del Grupo Indalo), se había beneficiado a partir del incumplimiento en el pago de alrededor de 8.000 millones de pesos correspondientes al impuesto a la transferencia de combustibles líquidos, el que, si bien había sido cobrado a sus clientes, nunca fue girado a la AFIP.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.
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