El organismo pide aclarar cómo se debe proceder con el Tribunal Oral Federal N° 9, que iba a juzgar a Cristina Kirchner y fue anulado.
Durante las dos horas de debate hubo críticas de distinto tenor hacia la Corte después de la decisión que abrió un enfrentamiento con el Gobierno.
«A la Corte le faltó hacerse cargo de este proceso, porque no resolvió la situación de los magistrados», sostuvo el senador peronista Mario País, que también cuestionó la acordada N°4.
La Corte dejó sin efecto hace casi dos semanas el traspaso de un tribunal criminal de competencia nacional a la órbita federal. Ese tribunal, que se había constituido como el Tribunal Oral Federal (TOF) N°9, había sido sorteado para juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner. Pero el proceso fue anulado por orden de la Corte.
«¿No podemos preguntarle a la Corte cuál es el alcance de la acordada N 4?», preguntó el senador Rodolfo Urtubey, en un plenario colmado por las dudas sobre las facultades de los distintos organismos judiciales sobre el traslado de jueces en los tribunales orales. El temor que sobrevolaba en el Consejo era que esa decisión del máximo tribunal desencadenara una sucesión de nulidades contra otras de causas de corrupción.
Para aclarar los pasos a seguir, el Consejo de la Magistratura decidió remitir ayer a la Corte Suprema una nota enviada por la Cámara de Casación mediante la cual el organismo le pide explicaciones sobre cómo se debe proceder con el anulado TOF N° 9.
El Consejo pidió, además, una reunión con la Corte para aclarar el alcance de la acordada N° 4, la norma que determinó la anulación del Tribunal Oral. «La reunión ya fue arreglada», sostuvo el presidente del organismo, Miguel Piedecasas. Todavía no está previsto cuándo se realizará el encuentro.
Después de casi dos horas de debate, la decisión fue tomada por consenso. Ante la variedad de propuestas, los consejeros pidieron un cuarto intermedio. En una ronda informal, Piedecasas, el juez Luis Cabral, el diputado Tonelli y el senador Mario Pais, entre otros, acordaron pedir precisiones sobre el sentido y alcance de la decisión de la Corte. Y resolvieron, además, que los sueldos de los jueces del exTOF N°9 sean pagados por la Cámara del Crimen.
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade fue el único que se opuso. El consejero pidió que, en base a la decisión de la Corte, el Consejo anule los traslados de tres jueces que fueron impulsados por el oficialismo. La propuesta fue rechazada.
Las críticas a la Corte siguieron su curso. «Esta decisión no puede hacer derrumbar, como si fuera un castillo de naipes, decenas de decisiones judiciales vinculadas a traslados», señaló el senador Rodolfo Urtubey.
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