«No surge de ninguno de los informes médicos practicados sobre el imputado», sostuvo Pollicita. Y agregó: «Más allá de no haberse constatado tales patologías, resulta inverosímil sostener su existencia teniendo en cuenta el estado de Suárez mientras condujo el sindicato de Obreros Marítimos Unidos, la Obra Social del Personal Marítimo y entidades afines, permaneciendo durante años con un alto grado de exposición pública que no lo mostró jamás como una persona adicta y con un consumo de cinco litros de alcohol por día».
Pollicita hizo hincapié en las pruebas acumuladas en el legajo de salud del ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), según el cual venía recibiendo asistencia regular de un médico cardiólogo, un especialista en ortopedia y traumatología, una licenciada en psicología, médicos psiquiatras, neurólogos, otorrinolaringólogo, y de los médicos de planta del penal de Marcos Paz.
El dictamen relata además que Suárez se negaba sistemáticamente a recibir los alimentos prescriptos de acuerdo a su patología y proporcionados por la unidad penitenciaria, así como a concurrir a determinadas interconsultas programadas en instituciones extramuros. «También se negó el interno, de acuerdo a lo declarado por el médico de planta del penal, lo informado por los intervinientes en el ateneo interdisciplinario realizado en octubre de 2017 y las constancias de su historia clínica, a recibir las sesiones de kinesiología propuestas por los profesionales del Servicio Penitenciario Federal a raíz de lo sugerido por los pares del Cuerpo Médico Forense en el mes de marzo del año en curso», detalló Pollicita.
El viernes, sobre el filo del inicio de la feria judicial, el juez Luis Rodríguez benefició con la prisión domiciliaria a Suárez, aunque el juez de la causa, Rodolfo Caniboca Corral, y dos fiscales se habían negado varias veces. La resolución generó muchas suspicacias en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py.
Sin embargo, Pollicita sostuvo en base a los informes médicos que el sindicalista «contó durante el curso de su detención con un estricto seguimiento de su estado de salud, habiendo sido examinado en varias ocasiones por el Cuerpo Médico Forense así como por los médicos particulares que él designó». Y descartó un supuesto cuadro de demencia en el detenido.
Mientras resuelve la Cámara Federal, el fiscal reclamó que se disponga una custodia «en forma urgente» de la Prefectura Naval en el domicilio donde cumple la prisión domiciliaria, en Entre Ríos 1273, de la localidad de Olivos. La custodia, además de impedir que se escape, debería «arbitrar los medios necesarios a los fines de prohibir el ingreso de bebidas alcohólicas a la vivienda».
Las restricciones fueron determinadas por el juez Sebastián Ramos, quien subrogó solo por el martes el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a su cargo la investigación por la cual está detenido el sindicalista.
De acuerdo con algunos de los cuestionamientos que hizo Pollicita, Ramos estableció algunos cambios en las condiciones de detención de Suárez en una enorme casa de Olivos donde vive su hija. Cada vez que quiera salir de esa casa, para cuestiones médicas, Suárez deberá pedir autorización al juzgado. Además, la Prefectura Naval Argentina apostó dos custodios, uno en cada puerta de ingreso a la casa. Los prefectos deberán registrar con nombre apellido y documento a cada una de las personas que ingrese a la casa.
Asimismo, deberán evitar que ingrese alcohol a la casa de Suárez ya que una de las causales para darle la domiciliaria que estableció el juez Rodríguez es el alcoholismo del sindicalista. Ante ese argumento, Ramos decidió que se hiciera un control estricto de bebidas alcohólicas en la casa donde está detenido.
Según fuentes judiciales, el magistrado también determinó que sea el área de Patronato de Liberados del Poder Judicial el que también controle las condiciones de detención de Suárez.
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