Un plenario de comisiones aprobó las modificaciones efectuadas por el Senado y será votado en sesión especial para su sanción definitiva.
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y Legislación General, Gabriela Burgos (UCR) y Daniel Lipovetsky (PRO) adelantaron la aceptación por parte del oficialismo de los cambios votados en el Senado y que fueron girados para su revisión en Diputados.
El dictamen al que se le dio luz verde dio marcha atrás con la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, y también con la propuesta para que la normativa alcance a todos los delitos del Código Penal.
Ambos puntos habían sido incorporados en el dictamen que salió de Diputados a pedido del Frente Renovador, con lo cual la incógnita en la reunión de este martes era cuál iba a ser la postura del massismo, que quedó desairado con los cambios.
Finalmente primó el acompañamiento en general al dictamen de mayoría, pero con la aclaración de que se dará la discusión cuando se vote en particular el articulado.
El diputado del interbloque UNA Juan Brügge (aliado massista) calificó como un «retroceso» la versión girada por el Senado, especialmente a partir de la caída de la imprescriptibilidad de delitos de corrupción, que fue reemplazado en el dictamen por un plazo de seis años de prescripción de la acción penal a partir de la comisión del delito.
La penalización se acotará a los delitos de cohecho (pago de coimas); tráfico de influencias nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; concusión (exacciones ilegales); enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y falsificación de balances.
También se acordó que la acción penal prescriba a los seis años de la comisión del delito, y que en caso de deceso del actor físico del delito, el proceso contra la persona jurídica continúa.
El Frente para la Victoria-PJ no acompañó el dictamen de mayoría y y el Frente de Izquierda ratificó su cerrado rechazo al proyecto, al considerar que ofrece «salvoconductos» a las empresas para «zafar» de sus responsabilidades penales.
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