La normativa incluye la creación del Consejo de la Economía Popular, el Registro Nacional de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, en la órbita del Ministerio de Desarrollo nacional. El Consejo entrará en funciones 90 días después de promulgada la ley y estará conformado por un representante del Ministerio de Trabajo, uno de Desarrollo Social, uno del Ministerio de Hacienda y tres por parte de las organizaciones sociales.
El proyecto prevé un adicional de $30 mil millones durante tres años para partidas presupuestarias dedicadas a políticas sociales y aumentará un 70% los puestos de trabajo en las cooperativas, es decir, unos 210 mil nuevos puestos, por lo que llegarán a 510 mil.
