Michetti y Monzó ordenaron un estudio que revela un déficit de $ 40 millones y demoras en la presentación de balances
El trabajo fue realizado entre abril y junio de 2016 por cuatro profesionales especializados en auditorías médicas, contables, legales y administrativas, quienes elaboraron un informe de 74 páginas. El trabajo señala claroscuros de la obra social que controla la Asociación de Empleados Legislativos (APL), que conduce Norberto Di Próspero desde 2005.
En el informe se destaca que las prestaciones a los afiliados superan las establecidas en el Programa Médico Obligatorio. Pero también se señala que «la oferta está muy restringida y no parece relacionarse con prestadores renombrados en el medio«. Ésta es una de las quejas permanentes de los empleados legislativos, quienes cuestionan la calidad de los prestadores médicos contratados por la DAS y la burocracia que deben soportar para poder utilizar los servicios o cobrar reintegros. El malestar se ve potenciado porque los trabajadores del Congreso son cautivos, por ley, de la DAS, al no poder derivar sus aportes a otra obra social o empresa de medicina prepaga.
Entre otros datos llamativos, se señala que el promedio de estadía de internación aguda es de seis días, cuando el promedio de la Superintendencia de Servicios de Salud para el sistema es de 3,8 días.
Se habla de «capacidad ociosa» en materia de ocupación del personal en prácticas como clínica médica (44%), cardiología (65%), pediatría (49%) y ginecología (40%). Sobre esta última especialidad, los auditores destacan que en el período analizado «no se realizó ningún estudio de Papanicolaou, que es el estudio base del chequeo ginecológico».
Además de la parte médica, la auditoría, ordenada mediante resolución de los presidentes de ambas cámaras, Gabriela Michetti (Senado) y Emilio Monzó (Diputados), analizó el área administrativa y contable de la obra social.
En ese rubro, se señala que de acuerdo con el balance de 2014 la DAS contaba con un patrimonio negativo de $ 41.012.480. Ése fue el último dato contrastable al que tuvieron acceso los auditores. Algo más de la mitad de esos recursos ($ 443,7 millones) corresponden a fondos del presupuesto nacional.
El trabajo revela que al momento de su realización, en la obra social revistaban 635 empleados, cifra que superaba los 600 aprobados en el presupuesto 2015. A ese número se deben sumar 106 monotributistas. Un análisis de la facturación de cuatro casos tomados al azar reveló que «en tres de ellos la facturación es correlativa» y que «en dos de ellos el inicio de actividad declarada en la AFIP es coincidente con el comienzo de sus tareas en la DAS».
También se cuestiona la ausencia de una auditoría externa y que la Unidad de Auditoría Interna (UAI) no cuenta con ningún profesional en auditoría médica. Como si esto fuera poco, la UAI depende de la comisión administradora de la obra social, es decir, del órgano cuya actuación debe revisar.
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