El ex candidato a gobernador fue inhabilitado junto a otros dos funcionarios por irregularidades en los balances del PRO.
La medida fue dictada por el juez federal Reinaldo Rodríguez con el argumento de que el balance presentado en 2012 «impide conocer en forma completa y real el origen y destino de los fondos de campaña».
También se vieron afectados Norberto Principato, ex tesorero del partido, y a Diego Barreto, intendente de la localidad de Funes.
El juez Rodríguez aseguró que los tres dirigentes del PRO jamás atendieron a las observaciones que les formuló la Cámara Nacional Electoral.
Según el magistrado, omitieron informar partidas pendientes de cobro que provenían de aportes públicos del año 2011, aportes públicos para boletas de diputados generales, aportes por diferencia de Campaña Diputados Primario y una lista de aportes privados.
Según publicó La Capital de Rosario, Rodríguez afirmó que el partido al que pertenecen Del Sel, Principato y Barreto «no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas».
Asimismo, no figura la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos para la campaña, lo que atenta contra la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
El artículo 63, inciso «b» de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, establece que se podrá inhabilitar desde seis meses hasta diez años al presidente de un partido, a su tesorero y responsables políticos y económico-financieros cuando no alcancen acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.
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