La jueza María José Sarmiento intimó al Gobierno para que "en el término de 60 días" le transfiera una fracción del Cerro Otto.
El fallo fue firmado por la jueza María José Sarmiento el pasado 21 de mayo, en una de sus últimas resoluciones antes de renunciar a su cargo como titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 en la Capital Federal el pasado viernes 1 de junio.
La medida dispone, entre otros puntos, que se entregue «a título gratuito» el dominio de las tierras fiscales al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para que sean adjudicadas al lof mapuche liderado por la lonko de 85 años Clorinda Gualmes.
Se trata del primer fallo de la Justicia Federal que determina la instrumentación de la propiedad comunitaria con un grupo indígena, ya que los antecedentes se registran solo en fueros provinciales. La comunidad Trypay Antú ocupa unas 170 hectáreas en el paraje Virgen de las Nieves, en una de las laderas del cerro Otto y próximo al acceso al cerro Catedral.
Se estima que estos terrenos, casi 200 hectáreas, están valuados en 30 millones de dólares y son buscados por desarrolladores inmobiliarios, según revelaron los periodistas Ignacio Montes de Oca y Julieta Monge Molina en el sitio Patreon.
«Teniendo en cuenta todos los antecedentes no me quedan dudas de que el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI», destacó la magistrada en su fallo.
Además, fue criticado por el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi y el ex juez Eduardo Gerome, entre otros letrados. «Los mapuches no son un pueblo originario; mientras sigamos en esa fantasía estos problemas van a seguir existiendo. Hay que ir a los registros de la época para ver que los mapuches son un pueblo de origen chileno. Todos los fallos van generando precedente, pero hay que ver si pasa las apelaciones», indicó Fargosi ante la consulta de Infobae.
Este fallo que favorece a una comunidad mapuche tuvo lugar en medio de la disputa que mantiene el Gobierno con los sectores más radicalizados de la comunidad, asentados en el sur.
La ley 26.160 ordena que el Gobierno debe hacer un censo entre las organizaciones aborígenes que están reconocidas como tales y, eventualmente, ir otorgando los certificados de tierra. Según se informó, esta situación aún no se produjo.
El abogado de la comunidad mapuche, Manuel Aliaga, explicó al diario Río Negro que la primer acción judicial ante el Estado por la propiedad de las tierras se realizó en 2001, y explicó que la comunidad cuenta con un informe histórico antropológico y un expediente completo que acredita su reclamo.
También una resolución del INAI, que aprobó el relevamiento técnico bajo el amparo de la ley de comunidades indígenas 26.160 y la mensura aprobada y registrada por Catastro del municipio de Bariloche.
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