
Los procedimientos, ordenados por el juez Claudio Bonadio, tuvieron como objetivo buscar información sobre los subsidios.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.
Tras presentar la orden de Bonadio, los efectivos solicitaron información de los subsidios entre 2003 y 2015. «Quiere saber de manera oficial a qué empresas estaba concesionada cada línea de trenes, en qué períodos y el total de subsidios que recibió cada una».
Las líneas en cuestión son el tren Roca, San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento; Mitre, Belgrano Norte y Urquiza. Así como también el resto de las líneas ferroviarias del país y los subtes, antes de su traspaso a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
En la causa, varios empresarios del sector ya admitieron haber pagado coimas. Uno de ellos fue Aldo Roggio, presidente del holding que lleva su apellido, quien admitió haber retornado «un porcentaje del 5% de los pagos recibidos» en su empresa «Metrovías» (presta servicios en el subte porteño y en el Ferrocarril Urquiza desde 1994) y aseguró que esa cifra se pagaba en efectivo en la por entonces Secretaría de Transporte. A partir de este testimonio, Roggio -como tantos otros arrepentidos- fue incorporado bajo la figura de «imputado colaborador».
Si Roggio dijo la verdad, según las estimaciones oficiales habría pagado unos 40 millones de dólares. Es que el concesionario de los subtes recibió alrededor de 800 millones de dólares de subsidios durante la gestión anterior.
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