11 de octubre, 2018

Cuadernos de las coimas: el fiscal pidió la inmediata detención de Cristina Kirchner

Germán Moldes respaldó la apelación que hicieron Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa que comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno

El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes sostuvo la apelación que hicieron los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo del procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadio en la investigación de corrupción iniciada a partir de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

 

El 17 de septiembre pasado Bonadio había procesado a unas 40 personas entre ex funcionarios y empresarios. En la causa se reveló el pago de coimas que empresarios de la obra pública -y de otras áreas- les hacían a funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para quedarse con negocios.

 

El juez había dictado los procesamientos por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno -chofer de Roberto Baratta, número dos de Julio De Vido en el ministerio de Planificación del kirchnerismo- más las declaraciones de 20 arrepentidos.

 

Bonadio consideró jefa de la asociación ilícita a Cristina Kirchner y la procesó con prisión preventiva a resultas de la apelación que deberá resolver la Cámara Federal para que, de confirmar el procesamiento, el Senado de la Nación le quite sus fueros para proceder a detenerla. En este contexto, Moldes solicitó que una vez confirmada la resolución por la Cámara, se le quiten los fueros a la ex mandataria y sea detenida de manera “inmediata”.

 

El fiscal respaldó todo lo solicitado por los fiscales, quienes pidieron que los imputados sean acusados del delito de cohecho (coimas) y no por el de dádivas. “A la luz de los hechos expuestos en las presentes actuaciones  -señaló- parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello –cartelización de la obra pública– simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada”.

 

Y agregó que la confesión como arrepentido del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, así lo muestra: “Tal declaración resulta determinante para entender que los pagos, efectuados por los empresarios y que eran receptados por los funcionarios corruptos, exceden el mero intento de congraciar al receptor. Por el contrario, se conformó una cadena de engranajes para que unos cedan el acto funcional de otorgar o concesionar, y los dadores se beneficiaran con los contratos de obra pública obtenidos de manera espuria, y en desmedro de las reglas de la competencia”.

 

Moldes, en consonancia con lo apelado por los fiscales, pidió que sean procesados Jorge Guillermo Neira (Electroingeniría), Javier Sánchez Caballero (IECSA); Rodolfo Armando Poblete (Grupo Romero), Héctor Alberto Zabaleta (Techint), Francisco Rubén Valenti (Pescarmona) y Osvaldo Atenor Acosta (Electroingeniería) porque, salvo en el caso de Acosta, fueron los que encargaron de los pagos por órdenes de los principales ejecutivos de sus empresas.

 

El letrado explicó que por su importancia, el Caso Cuadernos debe investigarse con celeridad. “La presente es una causa de gran magnitud –tal vez la más grande que se haya visto en la historia judicial nacional- y que implica a los principales agentes de una gestión de gobierno pasada y a connotados empresarios y patrones de la obra pública”.

 

“Entonces, el desafío para los magistrados que actuamos en ella es que no se repita lo que sucedió otras veces y que, mediante la intervención oportuna y efectiva el avance del proceso se desarrolle sin interrupciones o morosidad injustificada”, señaló el fiscal.

 

Y amplió: “Por mi parte, me comprometo a ello y, en prueba de tal garantía, hago esta presentación en la fecha que fue originalmente fijada por la Sala, pese a lo exiguo del término y al volumen de las actuaciones que se han debido analizar para dar el fundamento a esta apelación. Porque esa celeridad que, con justificada razón, se le exige a la justicia no se limita a los discursos abstractos, las declaraciones huecas, ni los sermones sobreactuados para la ocasión. Por el contrario, se practica en el día a día, aun cuando para cumplir con puntualidad y presteza las etapas del trámite a veces haya que forzar la máquina y reventar caballos como a nosotros nos ha pasado en este caso. Es que práctica constante de esta fiscalía ha sido diferenciarse de esos estudios jurídicos que no son más que máquinas de fabricar prescripciones de la acción penal y yo, personalmente, he denunciado hasta la afonía”.