«Vamos a solicitar una audiencia con carácter urgente para pedir que la Cámara aborde de manera integral esta problemática y que incluya los juicios que le ha hecho la empresa al Estado», introdujo Peña, y detalló: «lo que nosotros planteamos tiene que ver con integrar las demandas en una sola acción. Planteamos que la Cámara integre todas las discusiones para que no haya desequilibrios. Si hay un perjuicio para el Estado es por no haberlo resuelto en estos 12 años».
Además, el Jefe de Gabinete indicó que “se solicitará un veredicto técnico a la Auditoría General de la Nación antes de suscribir una postura definitiva».
Aguad, responsable del área de Gobierno que firmó el acuerdo que fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín, aclaró: «Jamás consulté este tema con el Presidente, tiene vedado por ley interesarse en alguna cuestión que involucre a algún familiar». «El Presidente nunca se interesó en el tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con los tres poderes del Estado», agregó.
El ministro de Comunicaciones explicó que «no se consultó con la Oficina Anticorrupción porque no tiene que ver con la corrupción».
La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Balbín, informó ayer abrirá un sumario administrativo «destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino S.A.» y a «establecer las responsabilidades administrativas que pudieren corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
La resolución ordena el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., y de los involucrados por la parte empresaria en la deuda de la compañía.
La fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, había considerado que la homologación del acuerdo tendría un serio perjuicio para los fondos públicos e implicaría un beneficio al Grupo Socma. Para el Gobierno, en cambio, todo se hizo de forma transparente, y asegura que no se le perdonó «ni un mango» al padre del Presidente.
En su dictamen ante lo que deberán resolver los camaristas del fuero, Boquin advirtió que la propuesta llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033. Además, señaló que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta «que directa o indirectamente beneficie» a familiares del presidente de la Nación, Mauricio Macri. El Gobierno había aceptado la propuesta de Correo Argentino en junio del año pasado.
La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva» en tanto implicaría, de acuerdo con los cálculos realizados por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación, una quita de más de $4 mil millones en la actualidad y de más de $70 mil millones a 2033.
Asimismo, advirtió que el consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Boquin destacó que «la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA».
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