El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, ordenó este lunes el inicio de una auditoría sobre todos los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo que intervinieron desde 2001 hasta hoy en el juicio entre el Estado Nacional y el Correo Argentino S.A., de la familia del presidente Mauricio Macri, por la deuda de la compañía.
Balbín –jefe de los abogados del Estado– firmó una resolución en la que también dispuso la apertura de un sumario administrativo sobre el director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Carlos Mocoroa, quien firmó el acuerdo con el Correo que fue objetado por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por abusivo y perjudicial para los interés públicos porque implica una condonación del 98,2% de la deuda de la empresa con el Estado.
«Encomiéndase a la Dirección Nacional de Auditoría de esta Procuración de Tesoro de a Nación la realización de una auditoría de la actuación de los representantes del Estado Nacional en los autos caratulados CORREO ARGENTINO S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N.º 94360/01) y sus Incidentes, en trámite por ante la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial», sostiene la resolución de dos carillas.
En ese marco, la Procuración firmó la resolución en donde instruyó sumario administrativo destinado a esclarecer los hechos denunciados en relación a los autos Correo Argentino sobre Concurso Preventivo y establecer las posibles responsabilidades administrativas que pudieran corresponder y recomendar, en su caso, las medidas y sanciones que resulten pertinentes».
En la auditoría se analizará cómo fue la actuación de cada uno de los funcionarios que intervinieron en el juicio que el Estado le inició al Correo por la falta de pago desde 2001 del canon por la concesión que recibió el empresario Franco Macri, padre del Presidente de la Nación.
Por su parte, en el sumario se analizará la actuación del abogado Mocoroa que fue denunciado por la fiscal Boquín por una presunta intervención irregular en el proceso judicial por la falta de un nombramiento formal para actuar.
El caso se conoció la semana pasada, cuando se difundió el dictamen de la fiscal Boquin ante la Cámara en lo Comercial que se oponía a un convenio entre el Estado y la empresa que pertenece a la familia Macri, hecho a seis meses de que Mauricio Macri asumiera el Poder Ejecutivo, para que se pagara una historia deuda del Correo con el Estado.
Según el plan, la empresa se comprometió a pagar en 15 cuotas anuales (desde 2018 hasta 2033) y con un interés de 7 por ciento, sólo sobre el capital de la deuda y las partes destacaron que se trataba del pago de 600 millones de pesos, más del doble de la suma inicial de casi 300 millones (a 2001).
Pero la fiscal Boquín sostuvo que ese convenio implicaba una quita de 98,2 por ciento, porque no regían los intereses, que era abusivo porque, a criterio del área financiera de la Procuración (DAFI), para 2033 provocaría un perjuicio en el Estado de $70.163 millones y denunció mala fe procesal, porque días antes Correo Argentino inició una demanda al Estado reclamando por daños y perjuicios, por un interés más alto que el que estaba dispuesta a pagar en el concurso preventivo.
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