La Municipalidad de Villa Allende, Córdoba, mandó a licitar la instalación de 13 portones y 2 rejas para dos barrios de la ciudad.
El intendente que quiere cerrar con portones algunos barrios de Villa Allende por la inseguridad mandó a licitar la obra y crece el conflicto con los vecinos que rechazan el proyecto. La idea del alcalde Pablo Cornet surgió a fines de 2024 y enseguida causó revuelo. El tema está judicializado pero ahora, luego de que la Justicia rechazara los planteos de los vecinos que se oponen, el municipio avanza con la instalación de los portones. El objetivo es prevenir el delito y los que se oponen dicen que no quieren “vivir encerrados”.
Con escasos antecedentes en el país, la idea que tuvieron en el municipio es que cada portón se cierre a las 22 y se abra a las 6 de la mañana. Los funcionarios dibujaron corredores para el ingreso y egreso por calles que se denominaron “principales” y maquetaron portones en las que entendieron que son menos importantes.
Desde la presentación del proyecto hasta la aprobación del Concejo Deliberante, hubo manifestaciones y cruces entre las partes.
Cuando terminaba diciembre de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Número 1 de Córdoba rechazó el amparo presentado por los vecinos para que se declare la inconstitucionalidad del proyecto oficial.
De todos modos, los autoconvocados decidieron apelar, aunque el municipio ya licitó la construcción y colocación de los portones que se plantarán en dos barrios que serán algo así como una experiencia piloto del “plan integral de seguridad” que instrumenta y promociona el municipio.
Villa Allende es una ciudad de 50 mil habitantes que limita con Córdoba capital y forma parte de un conglomerado urbano que concentra la mayor cantidad de la población de la provincia.
Desde la década de 1990 comenzó a crecer hacia sus costados en loteos que vieron nacer los primeros countries y barrios cerrados. En la actualidad, alrededor del 30 por ciento de la población de esta ciudad satélite vive en ese tipo de urbanizaciones.
La idea del Ejecutivo local es brindar un tipo de seguridad similar a los vecinos que viven en los barrios comunes.
La fase inicial contempla colocar 13 portones y dos rejas en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur.
«Esta es una medida que permite acercar a los barrios tradicionales muchas de las bondades de los barrios cerrados a los que no todo el mundo puede acceder”, dicen desde el municipio.
En una casa de barrio Lomas Sur, un grupo de vecinos que se opone a los portones debate qué acciones llevar adelante para frenar el proyecto. Javier Saad es uno de los que se sorprendió cuando la noticia explotó en los medios de comunicación. “En diciembre de 2024, el intendente apareció de pronto y planteó: ‘Vamos a cerrar las calles para darle más seguridad a los vecinos’. No era una promesa de campaña ni estuvo en la plataforma electoral, nada”, dijo.
En la reunión hay comerciantes, docentes, jubilados y el abogado Hugo Yagüe, quien representa a los autoconvocados y estuvo a cargo de las presentaciones judiciales. A fines de 2025, recibieron la confirmación de la Cámara sobre el rechazo del recurso de amparo que presentaron para dar marcha atrás con el cierre. En los primeros días de febrero, apeló ante el Tribunal Superior de Justicia cordobés.
En el grupo también participan Alejandro Santander, Beatriz Cena, Verónica Furlán, Marcela Strada Tissera y Cecilia Klor. Casi ninguno se conocía entre sí hasta que comenzó esta pelea que los unió; ahora realizan rifas, festivales y venta de comida para solventar las acciones de los autoconvocados.
“Hay una fuerte improvisación en este proyecto porque no hubo un solo simulacro de rescate o salvataje, ni de entrada y salida de ambulancias”, sostuvo Marcela, al tiempo que afirmó que “tampoco hay estadísticas en todo el mundo que diga que un portón puede disminuir la inseguridad”.
Un grupo de vecinos presentaron un recurso de amparo contra la Municipalidad de Villa Allende para declarar inconstitucional la ordenanza 14/2025. Entre los argumentos de la presentación se planteó que con este sistema se vulnera el principio de “libre circulación” ya que al cerrar calles públicas se afecta el derecho constitucional a transitar libremente.
Después de que en primera instancia les dieran la razón, la Cámara en lo Contencioso Administrativa rechazó el recurso de los vecinos.
En el fallo, el tribunal determinó que el derecho al tránsito no es absoluto. Y afirmó que la restricción es razonable porque es proporcional al fin perseguido (seguridad pública), sólo afecta calles secundarias y se aplica en un horario de máxima vulnerabilidad delictiva y mínimo flujo vehicular.
Del lado de los vecinos, se decidió apelar la medida judicial. «La Justicia le sale a favor de ellos al 100%. No haciendo lugar al amparo directamente”, dijo Yagüe, el abogado que representa a los autoconvocados. «Tenemos más expectativas en la incongruencia del fallo de la Cámara que en la inconstitucionalidad, porque dice cosas abiertamente contradictorias”, expresó.