El accionar delictivo se produjo entre 2010 y 2013; la medida también alcanza a otras 26 personas, incluidos sus cuatro hijos.
En su resolución, de 750 páginas, Casanello le amplió el embargo a Báez hasta cubrir el monto de 10.500 millones de pesos.
Dicho delito prevé penas que van desde los cuatro años y medio hasta los 13 años y 4 meses de prisión.
El magistrado investiga dos docenas de hechos de lavado, que habría permitido a los imputados canalizar 60 millones de dólares a través de un entramado societario offshore, con cuentas bancarias en Suiza.
Los otros imputados, además de Báez, son: Jorge Oscar Chueco, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Martín Báez, Fabián Virgilio Rossi, Carlos Molinari (fue sobreseido parcialmente), Federico Elaskar (sobreseído parcialmente), Leonardo Fariña (sobreseídos parcialmente), César Gustavo Fernández, Leandro Báez, Melinda Báez, Luciana Báez, Roberto Erusalimsky, Santiago Carradori, Daniel Bryn, Alejandro Ons Costa, Martín Rosta, Eduardo Castro, Jorge Cerrota, Juan Ignacio Pisano Costa, Sebastián Ariel Pérez Gadín, Julio Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Walter Zanzot, Mario Acevedo Fernández, Christian Delli Quadri.
En ese sentido, Casanello dio cuenta de cómo durante los últimos meses del año 2010, Báez -hoy detenido en el penal de Ezeiza- inició un esquema de lavado de activos de dinero ilícito, a través de Leonardo Fariña, usando financieras del microcentro porteño.
En enero de 2011, Fariña, con dinero de Báez, adquirió a Federico Elaskar la financiera SGI Argentina, desde donde gestionaron la formación de una estructura jurídica y bancaria fuera de la Argentina para albergar el dinero.
Además, Casanello remitió los hechos de esta causa a conocimiento del juez Julián Ercolini para que evalúe la responsabilidad de la ex presidente Cristina Kirchner, quien justamente fue llamada a indagatoria en la causa Hotesur.
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