A partir de mañana los organismos de Inteligencia ya no podrán ser auxiliares de la Justicia por un DNU del presidente Alberto Fernández, ya que se advirtió que esa relación «permitió generar y retroalimentar vínculos espurios».
A través del Decreto 214/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el mandatario modificó la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que autorizaba el accionar de los espías «requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta».
«Corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia», sostuvo el jefe de Estado en el texto.
Y agregó: «Dicha inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia».
De esta manera, el apartado número 1 del artículo 4 de la Ley 25.520 establece, a partir de este jueves, que «ningún organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal».
La modificación se da en el marco de «la imperiosa necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia».
En ese sentido, el jefe de Estado había dispuesto en diciembre pasado la intervención de la AFI, designando a la ex fiscal Cristina Caamaño a cargo del emblemático organismo de Inteligencia.
Asimismo, en el DNU, el Presidente ratificó sus críticas a su antecesor, Mauricio Macri, por el «retroceso institucional en materia de democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia Nacional» de Inteligencia.
Para justificar la firma del DNU, Alberto Fernández explicó que «la necesidad y la urgencia en la adopción de la presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes».
