Calcaterra negó el pago de coimas por el soterramiento del Sarmiento

Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA y primo hermano del presidente Mauricio Macri, estuvo hoy, por segunda vez en menos de ochos días, en los tribunales de Comodoro Py.

Su presentación, que estaba prevista para la jornada de mañana, fue en el marco de la causa por los presuntos pagos de sobornos en las obras del soterramiento del tren Sarmiento, uno de los tres expedientes que involucran a la brasileña Odebrecht en Argentina.

En un intento por desmarcarse de las acusaciones, a través de un escrito, Calcaterra negó las acusaciones en su contra y afirmó que las coimas que pudo haber reconocido Odebrecht en distintas partes del mundo son asuntos de esa compañía, pero no eran conocidos por Iecsa, según informaron fuentes judiciales. Calcaterra, que llegó acompañado de su abogado, Ricardo Rosental, presentó en su descargo una defensa técnica, y no respondió preguntas.

Allí también aseguró que si hubo irregularidades fueron administrativas y no delitos. En tanto que negó que haya habido direccionamiento de la obra pública. En esta causa, Calcaterra estaba citado, por el juez Marcelo Martínez de Giorgi desde abril para el 15 de agosto, pero sorprendió adelantándose un día para evitar una nueva foto incómoda.

El lunes pasado Calcaterra se convirtió en imputado colaborador en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, en las que –hasta entonces- estaba detenido Javier Sánchez Caballero, el ex directivo de su compañía.

Sánchez Caballero es otro de los 49 citados a indagatoria en este expediente de Odebrecht. Ángelo Calcaterra se presentó en Comodoro Py para declarar por la causa Odebrecht Calcaterra está imputado porque su ahora ex empresa conformó la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que ganó la licitación para realizar las obras de soterramiento del Sarmiento, junto a la italiana Ghella y Comsa.

La justicia sospecha que Calcaterra, otros miembros de IECSA y ejecutivos de las compañías investigadas estuvieron involucrados en el pago de sobornos para la adjudicación y la continuación de la obra, que tuvo distintos tramos y a la que se le aprobaron ampliaciones no previstas en la licitación original.

En su escrito de hoy, Calcaterra aseguró que la licitación ocurrió en entre los años 2006 y 2008 y que los pagos reconocidos por Odebrecht habían sido efectuados una vez que la misma estaba concluida.

También afirmó que IECSA pudo haber cometido faltas administrativas, pero no delitos y sostuvo que no podía responder por información que se supone fue recabada por la justicia brasilera y a la cual no tuvo acceso. Esa información llegará pronto a la Argentina a partir de un acuerdo de colaboración internacional alcanzado por los ministerios públicos de ambos países.

Uno de los principales impulsores de ese acuerdo, que buscó saldar las diferencias entre las legislaciones de uno y otro país, fue precisamente Franco Picardi, el fiscal  de esta causa.

Hace once días, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, aprobó un texto modelo con las pautas que permitirán a la Justicia acceder a documentos y testimonios clave en el pago de coimas: sólo en el caso de Odebrecht, se estima un mínimo de US$ 35 millones.