El Gobierno comenzó a explorar los caminos institucionales para hacer públicos los patrimonios de los jefes de las obras sociales sindicales.
Primero la guadaña y ahora el nuevo objetivo que quedará latente, en el escenario de confrontación abierto luego del resultado de las primarias y la protesta concretada por la CGT.
La búsqueda de un mecanismo para exhibir las declaraciones juradas de los titulares de los sindicatos -en muchos casos, en sus sillones desde hace décadas- encontró una vía de exploración este fin de semana.
Se trata de la Ley de Obras Sociales (23.660), cuyo decreto de reglamentación de 1993 estableció para sus directores y administradores la obligación de detallar los bienes que componen su patrimonio en un sobre cerrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Un primer paso por parte del Gobierno será comprobar si la exigencia se viene cumpliendo y evaluar medidas para dar a publicidad esa información.
Una recomendación de la Oficina Anticorrupción en ese sentido o un nuevo decreto para equiparar la presentación a la de los funcionarios públicos aparecieron como primeras alternativas, mientras seguirán afinando la búsqueda.
En la Casa Rosada evaluaron que podría ser un buen comienzo, más allá de que con el marco legal actual los datos no son públicos y a su vez en muchos casos no alcanzarían directamente a los jefes gremiales.
Aun así algunos pesos pesado figuran en el directorio, como Hugo Moyano como presidente de la obra social de Camioneros.
El ex titular de la CGT fue uno de los que quedó enfrentado al Gobierno luego de la marcha del martes, con su hijo Pablo como uno de los fogoneros y con discurso más encendido, pese a que los canales de negociación no se cortaron del todo.
“Los que manejan recursos públicos de los trabajadores deben presentar sus declaraciones juradas, por ahora no está contemplado en la ley. El Estado tiene la información sobre los administradores de las obras sociales y en principio lo que se está estudiando es cómo hacerla pública”, dijo uno de los abocados a esa tarea.
“La mejor solución sería avanzar con una ley del Congreso”, enunció el objetivo de máxima otro funcionario encargado del análisis, aunque en caso de ponerse en marcha ese recorrido sería más trabajoso.
