De aprobarse la normativa, conductores y acompañantes deberán llevar una identificación a la vista. Confían en que podrá ser aprobado "en tres meses"
La iniciativa fue presentada por legisladores del PRO, luego de una primera presentación pública el pasado 9 de marzo, en un acto que contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros funcionarios.
Los cambios en la Ley de Tránsito buscan combatir la delincuencia en motos e identificar a sus conductores que circulen por la Ciudad.
Con esto, se busca regularizar la situación de más de 7 millones de motos y obligará a llevar una identificación con el número de patente en los cascos del conductor y del acompañante, así como un chaleco reflectante que ayude a identificar a éste último.
Desde el oficialismo confían en que el proyecto podrá ser aprobado «en tres meses». Sin embargo, deberán torcer la voluntad de algunos detractores para alcanzar los 31 votos necesarios en la Legislatura porteña.
Quienes se oponen a la medida son principalmente los propios motociclistas, al menos quienes utilizan su vehículo como herramienta de trabajo. El 15 de marzo, cientos de trabajadores de deliverys y mensajerías se manifestaron en el centro porteño para manifestar su desacuerdo. Señalan que la identificación de cascos y patentes no resolverá la inseguridad, que se los está estigmatizando y que además los ladrones les robarán las motos, cascos y chalecos a ellos para luego hacer las salideras.
Las modificaciones establecen que tanto el conductor como el acompañante deberán llevar un casco reglamentario que muestre el número de patente. La segunda persona que vaya arriba del motovehículo, además, deberá llevar un chaleco refractario con la misma grabación.
La exigencia debe cumplirse también en las estaciones de servicio para la carga de combustible.
El incumplimiento del uso de casco y chaleco identificatorio será considerado falta grave en los términos de la Ley Nacional de Tránsito e implicará el inmediato secuestro del motovehículo.
Si una moto secuestrada no fuere retirada por el titular dentro de los 60 días de su retención, será descontaminada y compactada, pudiendo destinarse a la utilidad pública.
Aunque las modificaciones tendrán alcance nacional, cada provincia podrá establecer restricciones de circulación de motovehículos con dos ocupantes en determinadas áreas y/o en determinados días y horarios.
Para que cada provincia pueda hacer operativos los cambios en la circulación de motovehículos, el decreto entraría en vigencia recién 90 días después a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
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