
El 27 de enero, en su primera presentación en los tribunales de Comodoro Py, el jefe de los espías informó que la transferencia denunciada por la diputada nacional Elisa Carrió obedecía a «parte de una operación de compraventa de un inmueble». En un comunicado, el funcionario dio más precisiones luego de que el comprador lo liberara del compromiso de confidencialidad.
«El motivo de la operación fue la venta de los muebles existentes en la propiedad. El monto pagado por los mismos fue de 70.500 dólares estadounidenses. El 16 de octubre de 2013 el comprador tomó posesión del inmueble y los bienes muebles existentes», detalló Arribas.
Para respaldar sus dichos, el funcionario difundió una escritura pública de donde surge que el precio del departamento fue abonado con anterioridad. «Al respecto, cabe aclarar que el importe fue saldado en su totalidad antes de la fecha de posesión, que como ya dijera ocurrió el 16 de octubre de 2013«, agregó.
En la escritura que hizo pública no figura la venta de los «muebles», por lo que el funcionario nacional presentó una declaración hecha por el brasileño Átila Reys Silva el pasado 19 de enero, en la que asegura haber pagado el 26 de septiembre de 2013 «en moneda extranjera la suma de 70.500 dólares» en concepto de «la compra de los muebles que integraban el inmueble» en cuestión.
«Por demoras imputables al comprador, la firma de la escritura del inmueble (en 2013) se fue dilatando en el tiempo y cuando decidí trasladarme a la Argentina le extendí un poder a mi contador para suscribir dicha escritura, la que terminó siendo firmada el 18 de diciembre de 2015», precisó el director de la AFI.
En la documentación, redactada en la ciudad brasileña de San Pablo en diciembre de 2015, se dejó constancia de que Arribas vendió la propiedad a la firma «Orion Brasil Construcciones y Emprendimientos Inmibiliarios», que estuvo representada por el empresario Pedro De Souza Reys.
Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, concurrieron el jueves al Congreso de la Nación para responder preguntas de los integrantes de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
La causa judicial se inició luego de que el diario La Nación informara que el contador recibió 6 depósitos por casi 600 mil dólares, en 2013, cuando no era funcionario, y lo vinculó con una presunta coima de la empresa brasileña Odebrecht para acelerar las obras del soterramiento del Sarmiento. Días después, el mismo medio confirmó en virtud de un documento aportado por la entidad Credit Suisse que sólo hay acreditada una transferencia, por USD 70.500.
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