La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, junto a su secretario letrado, el fiscal de la causa y las querellas encabezadas por Lorena Arias y Luis Tagliapietra, tomó ayer declaración testimonial al vicealmirante de Infantería de Marina y veterano de Malvinas Miguel Ángel Máscolo, quien fuera subjefe del Estado Mayor General de la Armada al momento de la desaparición del ARA San Juan.
En su declaración, que ocurrió entre las 9:30 y las 16 del martes, el militar detalló a pedido de sus interlocutores cómo está estructurada la orgánica naval.
Máscolo también precisó que si bien era protocolarmente la segunda autoridad, por su función dentro de la jerarquía de la institución estaba en la práctica equiparado jerárquicamente al desplazado comandante de Alistamiento, el contraalmirante López Mazzeo.
Asimismo, dejó en claro que ambos reportaban directamente al almirante Marcelo Srur, cuando el ex jefe de la Armada había expresado que Mazzeo no le rendía cuentas.
Si bien Máscolo no lo dijo taxativamente, no pasó desapercibido el hecho fáctico de que al momento de la desaparición del ARA San Juan se encontraba a cargo de la Armada, ya que Srur se encontraba fuera de la Argentina.
Oportunamente Srur, en su declaración, no solo manifestó su propio desconocimiento sobre las operaciones de la nave, sino que sostuvo que cuando lo llamo a Máscolo para saber qué había pasado con el submarino, su segundo respondió con otra pregunta: «¿Qué submarino?».
Dejando en claro que su condición de infante de Marina lo exime de dar opiniones técnicas relacionadas con el estado de la nave, coincidió en señalar que no le caben dudas de que si el jefe de Estado Mayor hubiera sabido el verdadero estado de la nave, no habría permitido su zarpada.
El otro punto que conmovió a los presentes fue una elíptica descripción acerca del poco margen que tenía el capitán Pedro Fernández para contrariar a sus superiores en la cadena de mandos y negarse a zarpar. Dejó en claro que una actitud de ese tipo le hubiera traído serias consecuencias para la prosecución de su carrera profesional.
Máscolo también fue vehemente a la hora de remarcar los valores fundamentales de la Armada, el espíritu de cuerpo, la lealtad, el honor y otros. En ese marco, consideró deshonrosa la actitud de algunos almirantes de solicitar sus pases a retiro como muestra de repudio a la decisión de Srur de sumariar a Mazzeo. En su opinión, hubiera merecido una dura sanción disciplinaria.
En forma paralela a la actividad judicial en Caleta Olivia, la Comisión Parlamentaria se reunió para determinar algunas cuestiones pendientes de resolución. Ante un reducido grupo de familiares, se consideró la posibilidad de volver a citar al ministro Oscar Aguad, en virtud de las demoras que ha sufrido la contratación de una empresa privada para retomar la búsqueda del submarino con medios más efectivos que los que posee la Armada.
En tal sentido, el senador Esteban Bullrich (Cambiemos) expresó que el problema con la adjudicación radicó en la falta de cumplimiento por parte de los distintos oferentes, de algunos requisitos exigidos por el pliego de bases y condiciones y que se había decidido dar más tiempo para que los oferentes pudieran completarlos y evitar tener que declarar desierta la contratación. En el Ministerio de Defensa sostienen que entre esta semana y principios de la próxima se tendrá resuelto el expediente de contratación.
Asimismo, se procedió a la ratificación de los asesores que colaborarán técnicamente con los legisladores, sin distinción de partido político. Fueron designados cuatro almirantes y un oficial de la Marina Mercante, al margen de la colaboración que otros profesionales del mar vienen dando a la tarea de diputados y senadores.
Los nombrados son los almirantes Pedro Bassi, Gustavo Krasser, Alejandro Maegli y Jorge González y el capitán de Ultramar Marcelo Covelli, experto en búsqueda y rescate marino.
Vale recordar que por estas horas vence el ultimátum que la bicameral le dio a la jueza Yáñez para que haga entrega de una copia completa del expediente judicial, algo que la magistrada no considera pertinente por suponerlo un avasallamiento de la independencia de poderes.
La comisión ha comunicado a Yáñez que de no cumplir lo solicitado se procedería a efectuar la correspondiente denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
