Amnistía Internacional: «La policía usa una fuerza desproporcionada»

Amnistía Internacional denunció que la Argentina no es la excepción en un escenario global de creciente violencia institucional, en el que se registra una criminalización cada vez mayor de la protesta social con un uso excesivo de la fuerza pública.

La organización anunció además el envío de una carta abierta a todos los mandatarios que participarán desde mañana de la Cumbre de las Américas, incluido el presidente Mauricio Macri, para que incorporen el tema de los Derechos Humanos a su agenda de gobernabilidad, desarrollo y lucha contra la corrupción.

«Este año, el foco del mundo está puesto en Argentina por el G20 y es clave que el país mande un mensaje en cuanto a la importancia de sumar la perspectiva de los derechos humanos al debate», expresó este jueves el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, en una conferencia de prensa en el Salón Martín Fierro del Hotel Sheraton para evaluar su primera visita a la Argentina.

Macri recibió este miércoles a Shetty y a la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas, en la residencia presidencial de Olivos. Fue el primer contacto luego del crítico informe presentado en febrero por la organización respecto a la situación de los derechos humanos en Argentina y el Gobierno aprovechó la oportunidad para responder algunas de esas acusaciones.

Si bien ponderó la actitud del Gobierno de Cambiemos por estar «abierto al diálogo», Shetty habló de «diferencias» en el intercambio con el mandatario, del que también participaron Marcos Peña, jefe de Gabinete; Germán Garavano, ministro de Justicia; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

Uno de los debates más notorios fue en torno al creciente número de manifestaciones y la «fuerza desproporcionada» utilizada por los cuerpos de seguridad a la hora de aplacar desmanes. «Dicen que no es cierto, que el accionar fue razonable», contó Shetty.

Guevara-Rosas hizo hincapié en el caso Santiago Maldonado y en la importancia de que se resuelva la investigación de forma «imparcial, expedita, autónoma e independiente». Luego del reporte de febrero, el Gobierno había respondido que el cuerpo del artesano había sido encontrado 78 días después del operativo de Gendarmería, en las aguas heladas del río Chubut, y sin signos de ahogamiento forzado, de acuerdo a la autopsia.

Asimismo, Guevara insistió: «Fue una desaparición forzada en el contexto de una represión a una comunidad mapuche estigmatizada por diferentes gobiernos».

Tras visitar una comunidad indígena en Salinas Grandes, Jujuy, y tomar conocimiento de su conflicto con la explotación minera de los yacimientos de litio por el posible efecto sobre el medio ambiente y sus recursos de subsistencia, Shetty y Guevara trasladaron al Gobierno el pedido de que se consulte a las comunidades involucradas y, eventualmente, se los incorpore en los beneficios.

En la conferencia, ambos funcionarios de Amnistía demandaron al Gobierno que cumplia con la Ley 26.160 que contempla la elaboración de un relevamiento de las diversas comunidades del país a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Prorrogada el año pasado, el trabajo se encuentra incompleto y con una mora de más de una década.

Respecto al debate abierto en el Congreso sobre el derecho al aborto y la despenalización de su práctica, Shetty se pronunció sorprendido por lo «obsoleto» del sistema argentino que va en contra de la actualidad, se opone a lo que sus jóvenes piensan y confunde libertad de culto con el derecho a optar.

«Debe terminar esta falsa elección, para la mujer, entre ser una buena católica y el derecho al aborto», concluyó.