La Gendarmería allana este martes viviendas de familiares de Julio De Vido en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario kirchnerista, detenido desde hace casi un año.
Se trata de una causa en donde se investiga el crecimiento patrimonial de familia de De Vido y en donde también se puso bajo la lupa a la cocinera del ex ministro, Nélida Caballero, sospechada de ser presunta testaferro del matrimonio.
Pero, además, los allanamientos se dispararon a raíz de la denominada «causa de los Cuadernos», de manera puntual por el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo en los domicilios de los imputados.
Así, la fiscal Alejandra Mangano le pidió al juez Luis Rodríguez «el allanamiento de diversos inmuebles que fueron individualizados en el marco de dicho proceso, los que se vinculan con los siete imputados». Se busca registrar «los domicilios que actualmente estarían vinculados a los investigados, exceptuando aquellos que están alquilados a terceros o deshabitados».
«El objetivo de los procedimientos es obtener evidencias, objetos, bienes, dinero, documentación (información concerniente a cuentas bancarias, escrituras, actas de constitución de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios, recibos, contratos de locación, etc.) que sirva para avanzar en el descubrimiento de todos los bienes que pudieren formar parte de ese incremento patrimonial injustificado atribuido al funcionario», indicaron las fuentes.
De inmediato, la defensa de De Vido hizo público un comunicado en donde cuestionó los allanamientos y denunciaron «un nuevo atropello de la justicia federal autoritaria e ilegítima de estos tiempos».
«El Sr. Juez Rodríguez no satisfecho con mantener en el cautiverio de la prisión preventiva durante casi 11 meses a Julio De Vido en el marco de una causa en la cual no ha hecho una sola actividad de investigación penal relevante en todo ese tiempo, ahora por pedido de la Fiscal Alejandra Mangano, ha allanado el domicilio de la Dra. Alessandra Minicelli y de demás integrantes de la familia del Diputado, con la banal excusa de buscar documentación que se podría haber solicitado y llevado de modo voluntario como esta defensa ha hecho siempre. El allanamiento como castigo a la intimidad y a la imagen pública», se sostuvo.
Según el comunicado, esto «se hace con el claro objetivo de amedrentar a la familia del Diputado para forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, se trata de la peor versión de un sistema inmoral de extorsión basado en no sólo el uso del imputado como órgano de prueba, sino que se llega hasta el extremo de utilizar el dolor familiar como presión psíquica sobre el que ya está sufriendo las consecuencias de una detención ilegítima».
