Baja el plazo para interrumpir el embarazo de 14 a 12 semanas, agrega la objeción de conciencia institucional y que el Estado produzca misoprostol.
Impulsada por los cordobeses Carlos Caserio (PJ), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Cambiemos), el núcleo de la propuesta legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pero establece como límite la semana 12 de gestación. El texto votado por la Cámara Baja había fijado el tope para abortar en la semana 14.
Sin embargo, lo fundamental de este proyecto es que recoge los planteos de las clínicas privadas y algunos médicos. El nuevo texto añade la posibilidad de que los hospitales puedan ser objetores de conciencia «institucional».
Hasta ahora, el proyecto original resguarda la voluntad de los médicos que, por sus creencias personales y en tanto individuos, rechazan el aborto. Con la modificación, se incorpora a los centros de salud con ideario religioso o confesional.
«Las instituciones de salud privadas podrán formular su objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, para lo cual deberán previamente informar al Ministerio de Salud de la Nación tal circunstancia a los efectos de que quede registrada tal decisión y en consecuencia queden exentas de la aplicación de las sanciones contenidas en la presente ley», dice uno de los artículos de la propuesta.
Otro aspecto relevante es que los cordobeses proponen eliminar las penas a los médicos que dilaten, obstaculicen o se nieguen a realizar prácticas abortivas. El texto votado en Diputados reprime con una pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a quien tenga una inconducta. Es uno de los puntos más controversiales, ya que implica afectar el acceso a la salud de las mujeres.
Además, el proyecto incluye el punto del financiamiento del IVE. El texto añade que haya una partida presupuestaria específica para el tema y sea compartida entre las provincias y el Estado nacional. La media sanción no daba detalles de cómo iba a quedar afectado el erario público.
En este sentido, se agrega la posibilidad de que el Gobierno contemple la producción y envío a los hospitales públicos de Misoprostol, uno de los medicamentos que permiten realizar abortos ambulatorios en las primeras semanas de gestación. El precio de estas píldoras hoy llega a los 3.300 pesos, un costo restrictivo para los hogares de menores ingresos.
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