
La comisión presidida por el senador del Frente para la Victoria (FpV) por Formosa, José Mayans, analizó el pedido de auditoría a la AGN, solicitado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y formalizado en una nota enviada a la comisión bicameral por los legisladores de Cambiemos Luis Petcoff Naidenoff, Gustavo González Álvaro, Luis Borsani y Mario Negri.
Mauricio Macri anunció en conferencia de prensa su decisión de dejar sin efecto el convenio. Y añadió que el Gobierno irá a la Justicia para que «vuelva a foja cero» el acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino S.A., que integraba el Grupo Socma, perteneciente a su familia.
Por su parte, el titular de la AGN, el peronista Oscar Lamberto, había advertido la semana pasada que no correspondía a ese organismo estudiar los alcances del acuerdo entre el Correo y el Estado pero Mayans dijo que, de todos, modos daría lugar a la discusión del tema en la reunión de este miércoles.
Para Lamberto existen otros órganos del Estado como la Procuraduría o la Sindicatura General de la Nación para ocuparse de ese tema.
El acuerdo original establecía el pago de la empresa concursada al Estado de 296 millones de pesos, que el ministro de comunicaciones, Oscar Aguad, aclaró que serán «600 millones porque el Estado cobra en quince cuotas el 100 por ciento del capital con un interés del siete por ciento».
En este marco, Aguad aseguró en el Congreso Nacional que los dueños del Correo Argentino SA tienen que «pagarle al Estado lo que le deben», negó un conflicto de intereses, y se comprometió a realizar todos las acciones para que «el Estado no tenga que pagar un peso» como consecuencia de la demanda presentada por esa firma.
Aguad concurrió a la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que conduce el massista Juan Brugge, en la que recibió fuertes críticas de la oposición que denunció conflictos de intereses por tratarse de una empresa de la familia Macri y porque consideran el convenio perjudicial al Estado.
«La familia que es dueña de la empresa Correo Argentino tiene que pagarle al Estado lo que le debe, y no le vamos a perdonar un peso de capital, y vamos a impedir que trate de cobrarle al Estado los juicios que tiene pendientes contra el Estado», aseguró el ministro ante cuestionamientos de opositores.
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