Triaca pidio enjuiciar a camaristas que avalaron suba salarial. La respuesta del juez.

El Gobierno pidió el juicio político para los camaristas del fuero laboral que ordenaron hacer efectivo un aumento salarial que el gremio Asociación Bancaria había pactado con dos cámaras empresariales en noviembre pasado. La presentación corrió por cuenta del Ministerio de Trabajo y pidió el enjuiciamiento de los jueces Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino ante el Consejo de la Magistratura.

Ambos camaristas votaron durante la feria, en una sala conformada para el receso, a favor de avalar un reclamo del sindicato que lidera Sergio Palazzo para que se pagara con aumento el sueldo de los empleados de bancos tras un entendimiento que había alcanzado con las entidades Adeba (bancos privados de capital nacional) y Abappra (públicos y cooperativos), que agrupan la mayor parte del personal y de la actividad financiera.

La cartera que conduce Jorge Triaca confirmó que la presentación contra ambos magistrados fue realizada ayer por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa repartición. Entre las acusaciones se destacan «mal desempeño», «falta de idoneidad», «negligencia grave», «incumplimiento de la Constitución nacional» y «arbitrariedad y falta de imparcialidad», indicaron cerca del ministro. Los funcionarios alegan que Arias Gilbert y Marino se excedieron en sus atribuciones al involucrarse en un acto administrativo como es la homologación de los convenios colectivos de trabajo firmados entre un sindicato y la representación patronal.

El juez Enrique Arias Gibert salió al cruce de la intención del Gobierno de iniciarle un juicio político por avalar la paritaria bancaria. «No podemos ser juzgados por nuestras sentencias», subrayó, al tiempo que agregó que «Yo fallo a favor del Derecho. Estoy obligado a decir la Ley le guste a quien le guste y eso no puede ser motivo de denuncia. En tal caso sería policía del pensamiento».

En declaraciones radiales, el magistrado sostuvo que «la voluntad del sector patronal se da por mayoría», algo que se cumplía en este caso porque el acuerdo paritario lo habían suscripto cerca del 80 por ciento de las entidades, y que por eso «el sindicato plantea que hay una intromisión» de la cartera que conduce Jorge Triaca.

Tras asegurar que nadie del Gobierno lo llamó para presionarlo, apuntó contra los funcionarios al asegurar que no entendieron el fallo de la Cámara. «Es la primera vez que me pasa esto desde que soy juez desde 1989. Los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias. Desaparecería la división de poderes. La función de la Justicia no es homologar, es evitar la arbitrariedad», explicó.

El fallo de la Sala de feria trastocó los planes del Gobierno, que luego de un primer momento en el que avaló la firma del acuerdo quiso dar marcha atrás al anunciar que no lo homologaría. La razón formal era la falta de adhesión de las otras dos cámaras, ABA (bancos extranjeros) y ABE (especializados) y la real, que un aumento como el resuelto, de 24,3% por tres meses (la duración original) amenazaba el objetivo de fijar una pauta de 18% para todo el año en el resto de las paritarias.

De hecho, una segunda resolución de otros jueces del mismo fuero, en medio de negociaciones y paros parciales del gremio, ratificó el criterio de la Sala de feria y desestimó planteos de los bancos orientados a no abonar el incremento salarial. 

La semana pasada finalmente se suscribió un acuerdo en términos similares (4% de compensación por la pérdida inflacionaria de 2016 y un 19,5% acumulativo para este año) por un 24,3% real de enero a diciembre, con una cláusula de revisión automática en caso de la suba de los precios de la canasta básica por encima de los parámetros resueltos en la paritaria.