
La titular del organismo, Laura Alonso, anticipó que los equipos legales están analizando los dictámenes de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en los que sostiene que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva».
Boquín sostuvo que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.
La fiscal agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
También remarcó que la familia Macri «detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.».
Según Alonso, «ella (la fiscal) hace alusión a la ley de ética pública y como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes para tomar conocimiento del expediente».
Incluso, anticipó que pedirán información a los funcionarios involucrados. «No tenemos mucho para opinar de lo que diga ni un funcionario del oficialismo ni un diputado de la oposición. Lo que nos importa es analizar el expediente completo y solicitar la colaboración de todos aquellos funcionarios que querramos interrogar», enfatizó.
En declaraciones a Radio Mitre, la titular de la Oficina Anticorrupción ratificó el compromiso para investigar casos de corrupción en el Estado. «Cuando hay un dictamen fiscal sugiriendo que podría haber una presunta violación de la ley de ética es más que obvio que la Oficina Anticorrupción va a actuar como ya lo ha hecho en otros casos», enfatizó.
Al ser consultada sobre la presunta violación de la ley de ética pública, la funcionaria aclaró: «No podemos adelantar la opinión hasta que no terminemos de analizar el expediente. Pero estamos concentrados y comprometidos en hacer un trabajo serio, responsable y muy bien fundamentado técnicamente como el caso del ministro (Juan José) Aranguren que no tuvo críticas», concluyó Alonso.
El Correo Argentino fue transformado en una sociedad anónima en 1993 y en 1997 cedida en concesión al grupo Socma, de la familia Macri, hasta que en 2003 la entidad fue reestatizada por disposición del entonces presidente Néstor Kirchner.
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