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El Gobierno pondrá en marcha en los próximos días su mayor apuesta para cambiar el funcionamiento del Estado. Lo hará mediante la creación de una universidad para empleados públicos, como la llaman en la Casa Rosada, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio.
«Es un cambio profundo, que puede generar algunas resistencias, pero finalmente va a primar el objetivo central, tener una Argentina mejor, en este caso transformando su Estado», afirmó Ibarra, quien sostuvo que la propuesta de capacitación es para que los empleados sean «profesionales».
El funcionario admitió por Radio Mitre que la gestión de Cambiemos «redujo la totalidad de gente que trabaja en la Administración Pública Nacional y organismos descentralizados en unas 15 mil personas aproximadamente». Pero aseguró que no habrá una nueva reducción.
La regla valdrá tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía dentro de la carrera estatal y constituyen la conducción más permanente del sector público, debajo de la cambiante conducción política.
En cuanto a la iniciativa para que los empleados públicos rindan examen, el ministro explicó que «esencialmente tiene que ver con lo que el Presidente ha dicho, la posibilidad de jerarquizar el Estado, de transformarlo y generar un Estado que le sirva al ciudadano». «El empleo público está en el centro de la escena, las personas que trabajan en el Estado deben capacitarse», instó.
El plan de capacitación supondrá, dijo Ibarra, «hacer inducción con una dedicación de tiempo muy importante, que incluya el funcionamiento de distintas áreas de gobierno y distintas normativas».
«Eso incluye todo: normativa pública, modernización administrativa, sistemas de gestión, gobierno abierto, sistemas de compra, para que quien entra al Estado entienda de qué se trata. Y le vamos a poner foco a la calidad académica. Esta actividad tendrá que realizarla toda persona que ingrese a trabajar al Estado. También, todos los que entraron el año pasado», remarcó.
El Gobierno espera que este año pasen por esa escuela unos 85.000 empleados de la administración central. Ese sector del Estado nacional está integrado por un total de 210.000 empleados, e incluye a los que trabajan en la órbita de la Presidencia, los ministerios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el PAMI y el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales (Incaa).
El proyecto del Gobierno es que en el corto plazo la totalidad de los miembros de la administración central, una plantilla que cobra un sueldo bruto promedio de $ 30.000 mensuales, deberán asistir a los cursos de capacitación.
Pero el plan contempla que en el mediano plazo el nuevo instituto de formación pública alcance a todos los organismos del Estado nacional, las provincias y los municipios, un universo que reúne a más de cuatro millones de empleados estatales.
Por empezar, contará este año con un presupuesto de $ 60 millones, que servirán para financiar la puesta en marcha de 219 cursos destinados a distintos estratos de la administración pública, de los cuales el 42% implican una participación presencial.
Los trabajadores del Estado comenzarán a notar de inmediato los cambios en los requerimientos de la carrera pública. Desde las próximas semanas, cualquier persona que ingrese a la administración central deberá completar un período de inducción de varias horas, con cursos y programas obligatorios y optativos, cuya realización es verificable a través de los sistemas tecnológicos que está desarrollando el Gobierno. Los trabajadores que ingresaron el año pasado también deberán cumplir con este requisito.
Según el plan oficial, para un empleado público avanzar en su formación será la única manera de crecer en la carrera y de incrementar su salario por encima de las negociaciones paritarias que cada año apuntan a recuperar la porción que se lleva la inflación.
Quienes no hagan los cursos, en cambio, sufrirán penalidades. Al final de todos los años, se realizará una evaluación de desempeño del personal, que incluirá los avances del empleado en su formación. Varias evaluaciones negativas lo perjudicarán en su carrera, aunque hasta ahora no se especificó de qué manera.
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