La Casa Blanca apuntó contra políticas de Lula que “constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de EE.UU.”
El fallo de Robart responde a una demanda que habían interpuesto los estados de Washington y Minnesota, ambos con fiscales demócratas, y suspende el veto adoptado hace una semana por el presidente a los inmigrantes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia.
La orden de restricción temporal del juez representa un enorme reto a la medida de Trump, aunque el Gobierno podría apelar el fallo y lograr que la política siga vigente.
El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, dijo que la decisión judicial demuestra que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. «La ley es algo poderoso. Tiene la capacidad de pedir cuentas a todo el mundo, y eso incluye al presidente de los Estados Unidos», dijo Ferguson, que había calificado el veto de Trump de «inconstitucional» e «ilegal» al interponer la demanda.
Los abogados del Gobierno argumentaron al juez que los estados no tienen competencias para impugnar la medida de Trump y que el Congreso había autorizado al presidente a adoptar medidas en seguridad y migración, pero no convencieron a Robart.
Desde que Trump firmó la medida el pasado viernes, varios jueces han adoptado decisiones que han afectado sus respectivas jurisdicciones, pero el fallo de Robart es el primero con efecto en todo el país.
Según Ferguson, los ciudadanos de los siete países afectados por el controvertido veto de Trump ya pueden volver a presentar solicitudes de visado para viajar a Estados Unidos. Trump suspendió durante 90 días la emisión de visados a los ciudadanos de los países mencionados y durante otros 120 días el programa de acogida de refugiados.
En tanto, la Casa Blanca prometió luchar contra el fallo del juez federal. El comunicado original del secretario de prensa, Sean Spicer, tachó al fallo de «escandaloso», pero una versión actualizada del texto no incluyó ese calificativo.
Spicer dijo que el decreto de Trump era «legal y apropiado», y agregó: «La orden del presidente busca proteger a la patria y tiene la autoridad constitucional y la responsabilidad de proteger al pueblo estadounidense».
«El Departamento de Justicia presentará lo antes posible una petición de emergencia para suspender esta indignante orden y defender la orden ejecutiva del presidente», apuntó la Casa Blanca en el comunicado.
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