El Gobierno modificó por decreto la Ley de ART

El gobierno de Mauricio Macri publicó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de ART con el objetivo de reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo en relación a las indemnizaciones por enfermedad e incapacidad.

El Decreto 54/2017 sobre las ART adopta los lineamientos del proyecto impulsado por el oficialismo que tiene media sanción en el Senado -gracias al aval alcanzado en su momento con el sindicalismo- y establece que todo trabajador debe pasar por una Comisión Médica antes de iniciar cualquier juicio laboral.

En su Artículo 1, el decreto instituye que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales «constituirán la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo».

En ese sentido, el texto señala en sus consideraciones que «en la actualidad, la mayoría de las contingencias amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo se reclaman a través de demandas laborales que evitan la obligatoria intervención previa de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales».

Así, el Ejecutivo busca que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de «cosa juzgada» en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior.

Por su parte, la CGT adelantó que el decreto será «inconstitucional» porque «no están las condiciones ni de necesidad ni de urgencia». Según señaló el secretario de Prensa y Comunicación de la central obrera, Jorge Sola, no tienen «una decisión de apoyar la reforma laboral del Gobierno». Y puntualizó: «Nunca expresamos que esto sería viable».

Según los últimos datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), las demandas por accidentes laborales en octubre de 2016 último aumentaron un 19% respecto de octubre de 2015, siendo 12.444 los nuevos casos ingresados en fueros judiciales.

A esta cifra, se le suman las 89.653 demandas que se iniciaron desde febrero a septiembre de 2016, alcanzando hacia finales del año pasado más de 102.000 juicios contra las ART.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, anticipó que esa fuerza irá a la Justicia para rechazar el DNU que modificó el sistema de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).

En este sentido, reconoció que la medida se pudo haber tratado en sesiones extraordinarias «si tenía apuro el Presidente» y cuestionó la decisión de llevarla a cabo a través de «un método que no es el indicado ni por la Constitución ni por la ley». «Eso con respecto al origen espurio de la norma. El contenido es regresivo y fue declarado por la Corte como inconstitucional en otras ocasiones», aseguró.

Consideró que la medida «obstaculiza el acceso a la Justicia y altera todo el sistema de competencia, porque lo que hace es soslayar la Justicia nacional de trabajo».

Recalde explicó que la norma «da facultades a las comisiones médicas como si fueran tribunales» y recordó que «la experiencia, lo que indica, es que los trabajadores sometidos a estas comisiones pasaban un vía crucis».

De esa forma, el ex abogado de la CGT negó que los trabajadores en la Argentina impulsen una industria del juicio, aunque aclaró que «ir a la Justicia es un derecho».

«Si los trabajadores tuvieran la intención de ir a juicio, tendríamos un piso de 4.300.000 juicios, porque cada trabajador no registrado, en negro, tiene derecho (a reclamar judicialmente). Y sin hablar de accidentes de trabajo o un derecho a un salario mejor», concluyó.