El gobierno español quedó en el centro de una fuerte disputa política por un paquete de medidas destinado a intervenir el mercado de alquileres. La administración de Pedro Sánchez decidió dividir las iniciativas en dos decretos: uno contempla la renovación automática de los contratos por tiempo indefinido y el congelamiento del precio de los alquileres, mientras que el otro establece que los propietarios deberán indemnizar con el equivalente a 12 meses de renta a los inquilinos cuando decidan no renovarles el contrato. Ambas propuestas serán tratadas en el Congreso y todavía no tienen garantizados los votos necesarios para su aprobación.
Las medidas generaron objeciones tanto entre fuerzas aliadas como en la oposición. Junts y el Partido Nacionalista Vasco expresaron reparos sobre el alcance de los decretos y reclamaron evitar que las nuevas regulaciones perjudiquen a los pequeños propietarios, mientras que el Partido Popular pidió directamente que sean rechazados. A su vez, especialistas del sector inmobiliario advierten que una mayor intervención podría reducir la oferta de viviendas disponibles para alquilar y profundizar las dificultades de acceso al mercado.
El debate se desarrolla en medio de una creciente movilización social por la crisis habitacional en España, potenciada tras el desalojo de una mujer de 87 años en Madrid. El Sindicato de Inquilinos mantiene un acampe en la Puerta del Sol y convocó nuevas protestas para exigir la aprobación de las medidas, aunque también cuestionó al Ejecutivo por considerar insuficiente el paquete. Podemos se sumó a las críticas desde la izquierda y reclamó cambios más profundos, entre ellos mayores restricciones a los fondos de inversión y al uso turístico de las viviendas.
