“La del salario mínimo es una paritaria compleja”, repiten una y otra vez en la Casa Rosada, haciendo mención a la multiplicidad de actores que la discuten. Pero la referencia también apunta a las dificultades que presenta debatir al mismo tiempo el incremento de los salarios privados y de los programas sociales. Sobre todo, en un contexto en donde el Ministerio de Economía busca “ordenar” el frente fiscal. Según anticiparon a Ámbito fuentes que participaron de la última negociación, «la ministra Raquel Olmos se comprometió a desligar el salario mínimo de los planes sociales». El nuevo esquema incluiría una instancia en donde el Gobierno y las organizaciones discutirán el “salario social”.
El Consejo del Salario definió ayer una nueva actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil, que lo llevará a $69.500 recién en marzo de 2023. La suba del 110% que reflejará de forma interanual es un parámetro mucho más concreto para los beneficiarios de programas sociales como el Potenciar Trabajo, por el que más de un millón de personas reciben el 50% del salario mínimo que para los propios asalariados formales, porque solo afecta a unos 300.000 que no están bajo ningún convenio.
La normativa original del salario mínimo no contempla una relación con los programas sociales. Ambas variables se ligaron durante la administración anterior. Pero ese combo no registró buenos resultados en términos de ingresos. Entre 2015 y 2019 el salario mínimo perdió unos veinticinco puntos frente a la inflación que tampoco pudo recuperar en este período, según datos de la CTA. Actualmente, el salario mínimo no llega a cubrir la mitad de lo que cuesta una canasta básica total para una familia tipo, de acuerdo al relevamiento del INDEC.
Uno de los líderes sindicales que participa de la mesa consideró que al discutir de forma conjunta ambas variables se da una distorsión: “Antes teníamos que discutir con los empresarios pero ahora también tenemos que discutir con el Gobierno porque cuanto más aumentamos, más tienen que incrementar el gasto en planes sociales. Hicieron un rulo que no entiende nadie. Por qué la UIA debería discutir con las centrales sindicales el valor de los planes”.
El mismo referente gremial, que participó de la discusión salarial esta semana, anticipó que “la ministra de Trabajo Raquel Olmos se comprometió a desdoblar». «Hacer un consejo del salario social, donde las organizaciones van a discutir con el Gobierno el aumento de los planes, y nosotros volveremos a discutir con los empresarios el salario, como siempre hicimos”, le dijo a este medio.
Hasta ahora, la negociación que se da entre sindicatos y empresas tiene una repercusión concreta en el Ministerio de Economía. Como se dijo, tiene impacto directo en más de un millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo, pero también sobre otros programas como Acompañar o las Becas Progresar. Esto aparece como una dificultad en un momento en donde el Gobierno trata de centralizar las decisiones de política económica y Sergio Massa pone como uno de los pilares de su gestión el “orden fiscal”.
En el sector empresario reconocieron que se trabaja para cambiar el método de negociación en función de desdoblar la discusión del salario y los planes sociales. “A nuestro criterio tiene sentido porque son institutos jurídicos diferentes y la naturaleza de esas decisiones es claramente distinta”, señalaron desde la Unión Industrial Argentina.
El nuevo aumento del 20% que se pactó para el Salario Mínimo Vital y Móvil se dividirá en cuatro tramos: 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo. Aunque Olmos reconoció que si la inflación no cede “indudablemente el Gobierno nacional va a adelantar porcentajes y reunir al Consejo con una periodicidad menor a la prevista”.
