
La ex presidenta rechazó la acusación del empresario Gabriel Romero sobre el pago de una coima de u$s 600 mil para favorecer a su compañía.
En su mensaje, Cristina Kirchner dijo que «nunca nadie» le pagó por firmar un decreto. La referencia es a la declaración del empresario Gabriel Romero, quien había admitido ante la Justicia el pago de USD 600 mil por la firma de un decreto, en 2010, para que el gobierno kirchnerista le otorgue la extensión de la concesión de la Hidrovía.
En el escrito, la ex mandataria cuestionó la labor del fiscal Carlos Stornelli y del juez federal Claudio Bonadio, a quienes acusó de un «evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido», al que consideró «sencillamente escandaloso».
Según Cristina, los funcionarios judiciales cuentan «con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social».
Por otro lado, calificó como «funcionario de cuarta línea» a Claudio Uberti, el ex integrante del gobierno de Néstor Kirchner que dijo haber visto «repleto de bolsos y valijas con dinero» el dormitorio de la ex pareja presidencial.
Ayer, el líder del grupo EMEPA, Gabriel Romero, se sumó a la cada vez más extensa lista de empresarios arrepentidos en la causa de los cuadernos tras declarar ante la Justicia que pagó sobornos al Gobierno de Cristina Kirchner para que le extendiera por decreto presidencial la concesión del cobro de peajes de la Hidrovía del Río Paraná.
Romero había declarado ya ante el fiscal Carlos Stornelli, aunque ayer firmó en los Tribunales de Comodoro Py el acuerdo como imputado colaborador con el juez Claudio Bonadio luego de una ampliación de su indagatoria.
Específicamente, Romero declaró que pagó coimas por USD 600 mil para que la administración de Cristina Kirchner, a través de un decreto, le extendiera la concesión de peaje de la Hidrovía del Río Paraná al grupo EMEPA.
Uno de los DNU fue en 2010 y permitió la renegociación de las condiciones de explotación de la Hidrovía; esto implicó ampliar la traza de la vía navegable más importante de la región.
Tras la declaración de Romero recuperó la libertad Rodolfo Poblete, el ex director de Relaciones Institucionales de la compañía, quien se había negado a declarar al inicio de la ronda de indagatorias, por lo que estaba detenido desde hacía 15 días.
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